Reforma laboral: la CGT prevé que las obras sociales perderán USD 700 millones por año y alertan por la quiebra del sistema

Mientras aguarda que el Senado retome el debate de la reforma laboral en las próximas semanas, la CGT decidió aprovechar el tramo inicial del verano para multiplicar las negociaciones informales con los funcionarios de la administración de Javier Milei con los que construyeron canales más aceitados de diálogo en la apuesta de forzar cambios sobre los aspectos de la iniciativa oficialista que consideran «inaceptables» para sus intereses.

En esa línea, y a la par de diversos puntos del proyecto que cuestionan duramente, la prioridad de la primera línea de la central obrera se concentra por estas horas en el impacto del articulado de la reforma que dispone una reducción de las contribuciones empresarias destinadas al financiamiento de las obras sociales.

Esa medida, que reduce en forma permanente del 6% al 5% la contribución patronal a las prestadoras médicas que administran los gremios, implicará para esas entidades una pérdida de ingresos de USD 700 millones por año, equivalentes a el 0,1% del PIB.

Esa estimación forma parte de un informe especial que elaboró la secretaría de Acción Social de la CGT, que comanda el dirigente José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), a pedido de la conducción de la central. El trabajo, titulado «Falsa modernización laboral: las obras sociales sindicales bajo ataque», advierte sobre los efectos del artículo 161 del proyecto de reforma en la profundización de la crisis financiera que ya atraviesan las prestadoras de los gremios y alerta que de sancionarse la rebaja de contribuciones provocará una reducción de la prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo del sistema de salud para los trabajadores.

«El desfinanciamiento de las obras sociales sindicales no es un efecto colateral (de la reforma): es un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes de la organización sindical y el derecho a la salud», denuncia el informe cegetista al que accedió Clarin y asegura: «el sistema de salud está en crisis y de no mediar cambios se irá a la quiebra».

A la inquietud sindical por el impacto en el financiamiento de sus prestadoras por efecto de la rebaja de las contribuciones patronales se suman otros aspectos de la reforma que, en opinión de la CGT, suponen «mecanismos indirectos, pero no menos graves» que afectarán el funcionamiento del sistema. Al respecto, el informe de Lingeri destaca la eliminación de la ultra-actividad de las cláusulas convencionales de los convenios colectivos, entre las que se encuentran los aportes y contribuciones con destino sindical y a las obras sociales. Al determinar que estas cláusulas cesan automáticamente al vencimiento del convenio, salvo que medie un acuerdo expreso, «se introduce una inestabilidad estructural en el financiamiento del sistema, que debilita la capacidad de negociación de los gremios», subrayó el texto.

Y agrega que esa situación se complementa con «la voluntarización de aportes y la eliminación de los mecanismos de retención automática» por parte del empleador que postula la iniciativa del Gobierno, situación que para la central obrera «fragmenta la recaudación y erosiona el carácter solidario del sistema».

Con ese telón de fondo y mientras espera el resultado de las incipientes gestiones con algunas espadas del ala política del Gobierno -entre los que se cuentan Martín y Lule Menem, que responden a Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo- para moderar parte de la reforma, la CGT puso en marcha una campaña en redes sociales para advertir sobre los cambios que afectan al sistema de obras sociales y otros aspectos clave de la iniciativa.

Así, este lunes difundieron una serie de posteos en los que alertaron: «Menos recursos no generan beneficios reales: generan más dificultades, menos prestaciones y un retroceso en un derecho básico. No está en juego la caja de los sindicatos. Está en riesgo tu acceso a la salud».

Las obras sociales de los gremios constituyen uno de los pilares del sistema de salud, junto a las empresas de medicina privada y al sector público que integran hospitales nacionales, provinciales y municipales. Brindan servicios a alrededor de 6,5 millones de trabajadores y sus familias, y se sostienen con un aporte establecido en función del salario del trabajador: un 3% a cargo del empleado y un 6% a cargo del empleador, que es justamente el que ahora la reforma laboral proyecta reducir al 5%. Esos recursos