Régimen Penal Juvenil: un problema que la política nacional no puede resolver

Por estos días, el Congreso vuelve a discutir una vieja obsesión de un sector de la política argentina, el Régimen Penal Juvenil. Dicho de forma más directa, la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad y soportar las penas para menores que cometen delitos. El tema reaparece cíclicamente, casi como un ritual. Siempre en contextos de inseguridad, siempre con fuerte impacto mediático, y casi siempre con el mismo desenlace, mucho ruido y poca solución real al problema de fondo.

Esta vez no parece ser diferente.

El proyecto que se debate no viene a resolver ningún problema estructural. No apunta a las causas profundas del delito juvenil. No mejora el sistema de prevención. No fortalece las redes de contención social. No garantiza políticas de inclusión. No viene a corregir desigualdades. No amplía oportunidades. Lo único que hace es ofrecer una respuesta rápida, contundente y comunicacionalmente rentable.

Es, en esencia, una maniobra propagandística.

Porque en política hay medidas difíciles y medidas fáciles para cada problema. Y bajar la edad de imputabilidad es, sin dudas, una de las salidas más cómodas para el problema de los menores que delinquen. Permite mostrar firmeza, dar la sensación de acción y alimentar el discurso del orden. Pero al mismo tiempo evita lo verdaderamente complejo, trabajar sobre las condiciones que empujan a millas de pibes a la marginalidad, a la violencia y finalmente al delito.

Imputar a los menores y tratarlos como adultos es infinitamente más sencillo que ponerse a laburar para evitar que lleguen a esa situación. El problema es que la lógica esta parte de un supuesto profundamente engañoso, que el delito juvenil es una anomalía dentro de un sistema que funciona bien. Y la realidad argentina muestra exactamente lo contrario.

En nuestro país, la delincuencia juvenil no es una falla del sistema. Es una consecuencia del sistema.

Un sistema que expulsa tempranamente de la escuela, que precariza a las familias, que reduce el acceso a la salud mental, que desmantela programas de acompañamiento, que recorta políticas sociales y que naturaliza que millones de chicos crezcan en contextos de pobreza estructural.

En ese escenario, pretender resolver el problema con más castigo penal es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua, mientras se sigue tirando combustible.

Penas antes que prevención

Ningún país grave encara el régimen penal juvenil sin antes garantizar un entramado sólido de contención social. La lógica es clara, primero se construye un sistema capaz de prevenir, acompañar y reinsertar; Recién después se discuten las sanciones. Acá se hace al revés. Se discute la pena antes que la prevención. El castigo antes que la protección. La cárcel antes que la oportunidad.

Y lo más llamativo es que quienes impulsan esta reforma suelen ser los mismos que promueven recortes en programas sociales, en políticas de niñez, en educación pública y en salud comunitaria. Es decir, se reduce la inversión en herramientas para evitar el delito, y luego se propone endurecer las penas cuando el delito ocurre.

Un círculo perfecto, pero de irresponsabilidad.

Los datos, además, desmienten el relato alarmista que suele acompañar estos debates. Los menores participan en un porcentaje relativamente bajo del total de delitos. Y dentro de ese universo, los casos más graves son aún más minoritarios. Sin embargo, el tema se instala como si se tratara de una amenaza masiva, casi como si las calles estuvieran dominadas por bandas de adolescentes violentos. No lo están.

Lo que sí está extendido es otra cosa, la pobreza infantil, el abandono escolar, el trabajo informal temprano, la falta de acceso a oportunidades reales. Esos son los verdaderos problemas estructurales que casi nunca ocupan la primera plana cuando se habla de seguridad.

Porque no generan impacto inmediato. No se resolverán con un proyecto de ley. No se permiten discursos duros en televisión. No ofrecen rédito electoral rápido.

Exigen tiempo, inversión y una decisión política sostenida. Por eso la tentación punitiva resulta tan atractiva.

Bajar la edad de imputabilidad no sólo es una respuesta simplista. También es, de cierto modo, una forma de admitir un fracaso. Significa reconocer que el Estado no pudo, o no quiso, garantizar condiciones básicas para que millas de chicos no terminen en conflicto con la ley.

Pero en lugar de asumir esa responsabilidad, se elige trasladarla hacia los propios menores. Se criminaliza el resultado de un sistema que previamente los excluyó.

Y ahí aparece la paradoja central de este debate, una ley de Régimen Penal Juvenil sólo sería realmente útil si existiera antes de un sistema de contención social funcionando correctamente. Un sistema que asegurara que los delitos cometidos por menores son excepciones, desviaciones puntuales dentro de un entramado que mayoritariamente protege y contiene.

En Argentina, hoy ocurre exactamente lo contrario. El delito juvenil no es la excepción, es la última estación de un recorrido de exclusión que comienza mucho antes. Por eso el debate actual tiene algo de farsa. Se discute cómo castigar mejor a los pibes, mientras se discute cada vez menos cómo evitar que lleguen a delinquir.

Se habla de penas, pero no de oportunidades. Se habla de imputabilidad, pero no de igualdad. Se habla de seguridad, pero no de futuro.

Y así, una vez más, la política elige el camino más corto, que es ofrecer soluciones rápidas a problemas complejos, aunque eso implica confundir firmeza con eficacia y castigo con justicia.

Porque endurecer leyes siempre es más fácil que construir sociedad. Y mucho menos útil. 

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