Ciudad de Guatemala, 25 jul (EFE).- El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, solicitó este viernes en Guatemala que exista una «moratoria urgente» para los desalojos de personas sin hogar.
En rueda prensa, Rajagopal recomendó «poner fin a la práctica de desalojos forzados violentos e inhumanos», principalmente de los pueblos indígenas y comunidades de campesinos.
Las palabras del relator tuvieron lugar tras una visita de 11 días a Guatemala, que empezó el 14 de julio y culminó este viernes para analizar la situación de la vivienda en el país centroamericano.
Los desalojos tienen lugar habitualmente por parte de la Policía guatemalteca en terrenos vacíos y privados que son ocupados por docenas de personas sin hogares, principalmente en el norte del territorio.
«Las viviendas suelen ser incendiadas durante los desalojos, junto con los cultivos alimenticios y las pertenencias privadas de las personas», recalcó Rajagopal.
«He escuchado un sinfín de comunidades que han sido objeto de desalojos forzados que han sido llevados a cabo de manera despiadada», añadió.
El diplomático de la ONU dijo también que existe «un claro patrón de criminalización e intimidación» contra quienes denuncian los abusos contra los derechos humanos en estos casos.
«Los desalojos colectivos se producen debido a la falta de seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, lo cual tiene su origen en el legado del colonialismo, el imperialismo extractivo, los conflictos armados y el despojo», concluyó.
Durante sus 11 días de visita, Rajagopal se reunión con funcionarios locales, autoridades indígenas y comunidades de campesinos, además de representantes de la sociedad civil. De igual manera, visitó los departamentos (provincias) de Alta Verapaz, Izabal y Zacapa, donde suceden constantemente los desalojos.
No existen datos oficiales sobre desalojos en Guatemala, pero según diversos medios locales la mayoría tienen lugar en Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal.
En mayo de 2024, por ejemplo, alrededor de 500 policías desalojaron a unas 50 familias que habitaban un terreno en Izabal.
(c) Agencia EFE
