Mediante un mensaje en su perfil en la red social X, citado por el medio local Prensa Comunitaria, la diplomática señaló que a ello siguieron órdenes de detención (del Ministerio Público -MP-) y la declaración del caso bajo reserva.
“Estas acciones ocurren a pocas semanas de mi visita al país, donde constaté un patrón de persecución mediante la criminalización de fiscales, juezas, jueces, abogadas y abogados”, subrayó la representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Como subrayé en la declaración de fin de misión que presenté, el uso indebido de medidas de secreto judicial y la asignación de casos parecen formar parte de esta estrategia para afianzar la impunidad en esa nación, remarcó.
“Tomando nota del firme apoyo a mi visita por parte del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, continuaré observando este caso de cerca y mantengo mi disposición al diálogo y la cooperación con las autoridades guatemaltecas”, amplió.
Exfiscales de este territorio centroamericano implicados denunciaron la víspera el uso de jueces y la instrumentalización de la sala a cargo del caso Odebrecht, en lo que consideraron un nuevo acto ilegal del MP.
Mediante un comunicado divulgado por la prensa local, la extitular del ente investigativo Thelma Cabrera, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y David Gaitán insistieron en las estrategias de criminalización de ese órgano.
Bajo la dirección de la actual titular Consuelo Porras el objetivo del MP es manipular el sistema de justicia para proteger a actores corruptos, lo cual compromete gravemente el Estado de Derecho en el país, plantearon.
La nueva fase investigativa del caso denominada “Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad” generó fuertes respuestas del gobierno local, el colombiano y de organismos internacionales.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción emitió previo a ello órdenes de captura contra el extitular de Comisión Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala Iván Velásquez, exministro de Defensa y actual representante de esa nación cafetera ante la Santa Sede.
Incluyó a Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia e integrante entonces de la misma entidad, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y colusión.
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ordenó este miércoles en Guatemala la reserva total del caso y decretó en rebeldía a 26 sospechosos, dentro de ellos a Velásquez y Camargo.
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