La reciente sesión del Concejo Deliberante de Bragado se convirtió en un campo de batalla dialéctico durante el debate sobre la Rendición de Cuentas 2024.
El miércoles por la noche, el clima en el recinto estuvo lejos de la calma. Mauricio Yaffaldano, presidente de la bancada de Unión por la Patria, inauguró la discusión destacando la «detallada y minuciosa» presentación de la Rendición de Cuentas por parte del secretario de Hacienda, Juan Manuel Barenghi. Yaffaldano incluso calificó de «inédito» el volumen de documentación entregada a los concejales, casi 600 hojas, para responder a sus inquietudes. Subrayó la distribución de recursos: el 36% del presupuesto se destinó a Salud (más de 9 mil millones de pesos), el 19% a Desarrollo Urbano Ambiental, el 8% a Desarrollo Social, y el 2% a Gobierno y Obras Públicas, respectivamente. «Toda la documentación que lo respalda ya fue entregada al Tribunal de Cuentas, demostrando la claridad y transparencia del Gobierno local, en un clima de absoluta austeridad», enfatizó Yaffaldano.
Sin embargo, la bancada opositora no tardó en levantar la voz. Daniela Monzón, concejal de La Libertad Avanza, arremetió contra los argumentos del intendente sobre la escasez de fondos nacionales. Monzón apuntó directamente a una baja en la cobrabilidad de tasas a nivel local y una coparticipación provincial menor a lo que cada vecino aporta en gravámenes.
Pero la crítica más dura llegó al revelar un presunto agujero negro en el área de Salud: «Recibimos 1.000 millones de pesos menos en Salud porque el Estado Municipal no actualizó la habilitación del Hospital. ¿No saben facturar…?», sentenció, dejando entrever una alarmante falta de gestión. Monzón también insistió en conocer los sueldos de los directivos del Hospital, exponiendo datos del Presupuesto que indicarían que el Director cobraría más de 4 millones mensuales y la secretaria de Salud cerca de 5 millones, mientras que una enfermera no superaría los 700 mil pesos. «Es raro todo… la gestión Barenghi no recauda, pero sí paga muy buenos sueldos a los funcionarios del área», remarcó con ironía.
El área de Producción tampoco escapó al escrutinio. Monzón denunció que los programas de apoyo a emprendedores tuvieron una ejecución presupuestaria irrisoria, con solo 4 millones invertidos frente a más de 175 millones en ayuda social. Sumado a esto, los fondos recaudados por la venta de terrenos en el Parque Industrial, con más de 60 millones de pesos, no se invirtieron en el predio, convirtiéndose en otra partida «subejecutada». La concejal también cuestionó los gastos en «reparación, mantenimiento y limpieza», que superaron los 200 millones de pesos, con la aparición de «proveedores nuevos que ganaron muchos millones».
Las obras de educación también fueron un punto de conflicto. Monzón lamentó la falta de ejecución en la Escuela 21, que desde el año pasado no cuenta con gas natural a pesar de que el dinero para la obra ya está depositado.
Cuestionamientos Compartidos: Formalismo, Promesas Incumplidas y Gastos Sospechosos
Fernando Franzoni, referente del PRO, si bien reconoció el formalismo de la presentación de la documentación, advirtió que «nunca la oposición como pasó este año, hizo tantas preguntas al Ejecutivo». Criticó que el Presupuesto 2024 contenía «promesas que no se cumplieron», y en cambio, se realizaron reservas de dinero para «temas de interés del Ejecutivo». Franzoni también denunció la aparición de nuevos nombramientos de directores y la creación de nuevas cooperativas de trabajo, incluso algunas con radicaciones fuera de Bragado y CUITs caídos.
Gelitti profundizó esta línea, señalando que el Estado estaría «pagando sueldos de manera encubierta a través de monotributistas, cooperativas y contratos», lo que resta fondos a obras prometidas. Se preguntó por la subejecución de partidas y la reasignación de fondos destinados a mejoras de la ciudad.
La concejal radical Lilián Labaqui rechazó la rendición de cuentas argumentando la falta de respuestas a sus preguntas. Entre ellas, cuestionó un convenio de 12 millones de pesos con la Universidad de Santa María que no benefició a los alumnos de las localidades rurales. Su mayor preocupación se centró en el cambio del bróker de seguros municipales, que pasó de una empresa local a LEVELAR S.A., vinculada a Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la «Causa de los Seguros» que investiga el Juzgado Federal N° 12.
Verónica Tucci, también concejal, analizó el Fondo Educativo 2024. Alertó sobre el ingreso de más de 800 millones de pesos, de los cuales una parte significativa se destinó a gastos corrientes, dejando 300 millones para obras. Sin embargo, al 31 de diciembre, solo se ejecutó el 60% de ese monto. «¿Qué le decimos a los directivos que piden mejoras y la respuesta es… ‘no tenemos plata’ cuando en realidad quedó dinero sin utilizar y tienen un fondo de inversión de más de 200 millones?», cuestionó Tucci, remarcando que el fondo educativo debe invertirse en educación.
Finalmente, Nicolás Araujo, del PRO, expresó su asombro por las 183 órdenes de compra en diez meses a un solo proveedor, Camilo Urrijola, por 87 millones de pesos. Este proveedor, según Araujo, se encarga de arreglar todos los autos, es albañil, gasista, electricista, transportista, plomero, techista, pintor y hasta se ocupó del mástil de la Escuela de Arte y la refacción del Monumento al Potro. También criticó la nula inversión en el Parque Industrial, a pesar de la recaudación por venta de lotes, y cuestionó los más de 100 millones de pesos gastados por la Dirección de Relaciones Institucionales en la Secretaría de Localidades Rurales.
La Defensa Oficialista: Contexto Nacional y Cuestiones Personales
Desde el oficialismo, las defensas se centraron en la línea del ajuste nacional como causa de las dificultades municipales. Mauricio Yaffaldano desestimó los argumentos opositores como «políticos» y aseguró que el recibo de sueldo de Emma Elizalde no se corresponde con las cifras millonarias denunciadas. Esther Bustos y Daniel Alianiello coincidieron en atribuir los problemas a los «estragos» causados por el ajuste nacional en las administraciones municipales.
En un tono irónico, Malena Alonso deseó que los ediles opositores ocuparan cargos para poder concretar sus reclamos, mientras que Guillermina Losphice optó por desviar la atención hacia la «banalización de la ex gestión municipal» y el «árbol genealógico del ex intendente».
Cerrando la sesión, Mauricio Tomasino lamentó el uso de «cuestiones de índole personal» para abordar temas políticos, y defendió que la gestión municipal ha tomado decisiones, si bien en un contexto macroeconómico desafiante, priorizando la inversión o la colocación de fondos municipales en un fondo de inversión.
La sesión, lejos de saldar las dudas, dejó en evidencia una profunda división en el Concejo Deliberante y una serie de interrogantes sobre el manejo de los fondos públicos en Bragado. La pelota, ahora, parece estar en el tejado de la opinión pública.
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