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En un operativo que coronó tres meses de investigación, la División Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz allanó una vivienda en el corazón de Río Gallegos, rescatando a dos víctimas de explotación sexual. Con protocolos activados y un abordaje especializado, las autoridades secuestraron evidencias clave y apuntan a un ciudadano extranjero como presunto responsable. El caso, enmarcado en la Ley 26.364, reaviva el debate sobre la lucha contra las redes de trata en Argentina.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el viernes pasado, a las 14:30 horas, la calle Manchuria al 200 de la capital de Santa Cruz, fue testigo de un operativo que no solo desarticuló un posible foco de trata de personas, sino que también puso en evidencia el trabajo silencioso de las fuerzas de seguridad contra este delito que lacera los derechos humanos. Tras una meticulosa investigación de tres meses —coordinada por la Unidad Fiscal local—, efectivos de la División Trata de Personas allanaron una vivienda ubicada en la calle La Manchuria al 200, donde hallaron a dos mujeres mayores de edad, de nacionalidad paraguaya, en condiciones que encendieron las alarmas.
El procedimiento, realizado bajo estrictos protocolos para víctimas de explotación sexual, contó con la presencia de un psicólogo especializado y personal capacitado para un abordaje integral. “El objetivo era detectar indicadores de trata conforme a la Ley 26.364 y su modificatoria 26.842”, explicó una fuente policial a este medio. Estas normas, pilares en la lucha contra la trata en Argentina, no solo tipifican el delito con penas severas, sino que garantizan derechos como asistencia jurídica, médica y psicológica a las víctimas, muchas veces invisibilizadas en circuitos de violencia y coerción.
Según pudo saber este diario, durante el registro, se incautaron “varios elementos de interés para la causa”, según consta en el expediente, aunque las autoridades no precisaron detalles para no comprometer la investigación. Lo que sí trascendió es que, siguiendo directivas fiscales, se estableció el domicilio de un ciudadano paraguayo —presunto vinculado al caso—, lo que sugiere que la trama podría extenderse más allá de Santa Cruz.
