La mujer fue evacuada durante la inundación en una pala mecánica, estuvo desaparecida varios días y fue hallada en estado de shock. En Río Negro, la Defensa Pública impulsa su protección legal y el uso de su jubilación para su cuidado.
Tres meses después de haber sido rescatada en medio de la histórica inundación en Bahía Blanca, una mujer de 93 años vive en Viedma bajo el cuidado de su hija afectiva, quien la fue a buscar tras enterarse de que estaba desaparecida.
La anciana, identificada como I.R., había sido evacuada el 6 de marzo desde un geriátrico a bordo de una pala mecánica, cuando el agua ya le llegaba al torso. Pasó varios días desaparecida, hasta que fue hallada en estado de shock en el Hospital Militar del Quinto Cuerpo del Ejército.
Aunque no las une un vínculo biológico, la mujer que la cuida mantiene una relación afectiva consolidada durante años, y viajó a buscarla en un vehículo adaptado por sus propios medios ante la falta de una ambulancia. Desde entonces conviven en Viedma, donde la Defensa Pública de Río Negro trabaja para restituirle sus derechos y regularizar su situación legal y previsional.
Solicitan apoyo legal y acceso a su pensión
La Defensora civil de pobres y ausentes presentó una serie de medidas judiciales para que la hija y la nieta afines puedan ser reconocidas como apoyos legales, según lo prevé el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto permitiría que tomen decisiones sobre su salud y que accedan a sus haberes jubilatorios, hoy bloqueados, para costear sus necesidades básicas.
También se solicitó la apertura de una cuenta judicial a nombre de quien actualmente la cuida, para que los fondos previsionales puedan utilizarse exclusivamente en su beneficio. Además, se pidieron pericias médicas, psicológicas y sociales para acreditar su estado de salud, la inexistencia de familiares directos y el rol de la familia afectiva como principal red de contención.
Derechos humanos y salud mental
La presentación judicial se apoya en los artículos 32 y 33 del Código Civil y Comercial, que regulan las restricciones de capacidad con enfoque en la autonomía progresiva y la toma de decisiones con apoyos. También invoca la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), que establece que toda intervención debe respetar los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y promover su inclusión social.
Con esta causa, la Defensa Pública busca garantizar un acompañamiento digno para una mujer que sobrevivió a una tragedia climática y ahora necesita del Estado para reconstruir su vida con protección y afecto.
