El sueño americano, el american way of life, cruzó el Atlántico y se adaptó como pudo, con la peculiaridad de que Europa era un continente de viejas ciudades y ancestrales costumbres. El automóvil se convirtió en símbolo de prosperidad familiar, y a finales de los 50 empezaron a florecer urbanizaciones que imitaban esos perfectos y simétricos condominios yanquis. Con la diferencia de que ahí formaban nuevas ciudades y aquí se convertían en suburbios con vistas al mar rodeados de pinos. Pero con piscina, barbacoa y dos plazas de parking, por supuesto. En Catalunya, el fenómeno se concentró en la cercanía de Barcelona, no mucho más allá de la tercera corona metropolitana. Algunas se hicieron bien y disponen de todos los servicios que brinda cualquier ayuntamiento. Pero muchas, más de la mitad, de hecho, todavía están fuera de regulación. Los municipios afectados (y también los propietarios) llevan décadas pagando las consecuencias de aquellos pelotazos. Los alcaldes se han hartado y este miércoles han unido sus voces. Piden al Govern de Salvador Illa acceso a medios económicos, aligerar los trámites y una normativa no tan exigente que permita dejar atrás estos déficits urbanísticos de alcantarillado, asfaltado falta de aceras o iluminación de calles.
Son 83 los regidores que firman un manifiesto que ha sido presentado en el Colegio de Arquitectos de Catalunya y que expone, dicen, “el principal problema urbanístico de Catalunya”. Del total de urbanizaciones identificadas (1.433), todavía queda un 51% (730) que no han sido recepcionadas, es decir, que los propietarios de las parcelas no han cumplido con su obligación de urbanizar el entorno, con lo que no pueden disponer de los servicios de mantenimiento municipal aunque sí lleven años pagando IBI. Sumado a la cantidad de tiempo que ha pasado, el resultado son calles destrozadas, a oscuras de noche y con sistemas de desalojo de aguas fecales poco saludables. Para todo ello, los alcaldes disponen del apoyo de la Federación de Municipis de Catalunya y de la Associació Catalana de Municipis.
Albert Pla, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) prendió la mecha a finales del 2024 al enviar una carta a los 947 municipios de Catalunya. “Muchos me respondieron -recuerda, en conversación con este diario- y quedó claro que este no es un problema aislado. Lo hizo después de haber escrito al president Illa, que le derivó a los responsables de Territori. “Me recibieron y fueron muy amables, pero creo que la modificación legal que salió adelante para simplificar los trámites no bastó”. No dice que el PSC no esté haciendo nada, pero considera que no es suficiente. De ahí esta rebelión pacífica que tiene una batalla dialéctica programada para el 20 de abril, cuando se espera que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, les reciba para aterrizar y acordar nuevas propuestas.
Lo que reclaman, al fin y al cabo, es financiación y romper el bloqueo legal. En ningún caso aspiran a quebrar la ley urbanística que obliga a los privados a hacerse cargo de esa primera cuota de urbanización de su entorno, pero sí consideran que ayudarles permitiría dejar atrás esos déficits urbanísticos que no permiten recepcionar estas colonias humanas. Los alcaldes calculan que las cuotas pendientes de cada afectado bascula nentre los 30.000 y los 80.000 euros. “Para nada pretendemos que la Administración se haga cargo, pero sí hay fórmulas, con créditos blandos, para que no sea una carga tan grande para ellos”. En eso está el Govern, cuyo Consell Executiu aprobó a principios de este mes nuevos instrumentos de préstamo a través del Institut Català de Finances que todavía deben concretarse. Los alcaldes esperan que esa letra pequeña se les detalle en la reunión del 20 de abril.
El otro frente abierto es el de la normativa. Para que se entienda, el alcalde de Sant Cebrià de Vallalta pone un par de ejemplos: “Si la obligación es una farola cada cinco metros, quizás una cada 20 metros ya baste. Y si no se aceptan fosas sépticas, quizás, en muchos casos por orografía, no quede más remedio que darlas por buenas siempre y cuando cumplan unos requisitos de salubridad y respeto al medio ambiente”.
El municipio que gobierna Albert Pla, por poner un ejemplo de hasta dónde puede llegar el problema, tiene al 65% de la población viviendo en condominios con déficits urbanísticos. Solo adecentar una de estas urbanizaciones (Castellar d’Indies) tiene un coste de unos 20 millones e euros. Lo que sí puede hacer el Consistorio gracias a una reforma legal impulsada en el 2009 es redactar los proyectos, pero todos los costes deben asumirlos los propietarios. Pagar de entrada el costes desde el Ayuntamiento generaría una cascada de impagos que pondría en riesgo la viabilidad económica de los municipios afectados.
Si en los 60, 70 y 80 esto se llenó de familias de Barcelona que seguían la estela de ese sueño americano, con el paso de las décadas, el perfil de propietario ha cambiado de manera sustancial. Aquellos clanes terminaron por buscar nuevos horizontes y lo que eran segundas residencias se han convertido en vivienda habitual de personas jubiladas o exvecinos de municipios metropolitanos que vieron que por el mismo precio de un piso de 70 metros cuadrados podían tener una casa a cuatro vientos. Antes nadie reclamó esa primera urbanización, y ahora que sí se exige para poner orden, quien debe pagar, que compró por debajo de mercado a sabiendas de la situación, no dispone de los recursos para hacer frente a la factura.
Las cuotas
Reclaman al Govern suavizar las exigencias en materia urbanística para que la factura para ponerse al día no sea tan elevada
Sucede a menudo, aunque la ley no lo permite, que muchos municipios acometen mejoras en las calles de estas colonias. “No nos queda otra, si no hacemos algo, muchos de los vecinos no podrían ni salir de casa”. El manifiesto presentado este miércoles incluye una lista de máximos que les servirá para exponer sus reivindicaciones a Paneque. Piden actualizar el inventario de urbanizaciones no recepcionadas (el último catálogo es del 2015), clasificar y priorizar las actuaciones pendientes, establecer mecanismos de coordinación supramunicipal para afrontar problemas que trascienden a una sola localidad y crear líneas de financiación específica.
Todo ello, consideran, debería verse reflejado en una profunda reforma de la Llei d’Urbanisme de Catalunya “para dar respuestas adaptadas a las realidades de los municipios con urbanizaciones deficitarias”. También imploran, dado el tamaño y los medios de que disponen, “asistencia jurídica y técnica continuada para dejar atrás la cronificación de este problema”. Ha resumido bien el sentir general el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya y alcalde de Mataró, David Bota: Bloqueo es la palabra que mejor resume la situación. La financiación y las normas hacen que muchos pueblos y pequeñas ciudades no encuentren la manera humana de salir de este callejón sin salida”.
