En un megaoperativo que marca un punto de inflexión en la política chaqueña, la Justicia ordenó este martes una serie de allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades con fondos públicos. Los efectivos policiales y peritos judiciales desembarcaron en el edificio de la Municipalidad de la ciudad Termal, en la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco en Resistencia y en el domicilio particular de Diego Landriscina, el secretario de Gobierno actualmente bajo licencia. Según explicaron fuentes del caso, los procedimientos buscan secuestrar documentación contable, dispositivos electrónicos y cualquier registro de las operaciones financieras que vinculan al erario municipal con el cobro de comisiones millonarias.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad y el cuerpo de peritos del Poder Judicial centraron sus tareas en la búsqueda de pruebas que confirmen la trazabilidad de los fondos invertidos en el mercado de capitales. Los investigadores señalaron que el foco principal está puesto en las cuentas y correos institucionales desde los cuales se habrían gestionado las transacciones que generaron beneficios privados por casi 15 millones de pesos en un solo año. En este sentido, los representantes de la fiscalía interviniente destacaron que la simultaneidad de los allanamientos fue clave para evitar la posible destrucción de material probatorio en las oficinas públicas y privadas bajo sospecha.
Desde el arco político opositor, los referentes que impulsaron la denuncia celebraron el avance de la instrucción y reiteraron que estos operativos demuestran la “solidez” de las acusaciones vertidas contra la gestión local. Los legisladores y denunciantes remarcaron que el ingreso de la policía al Palacio Municipal confirma que existen indicios suficientes de una estructura administrativa dedicada al desvío de recursos de los contribuyentes. “No se trata de un hecho aislado, sino de un sistema que funcionaba a la vista de las máximas autoridades”, manifestaron los voceros del bloque opositor, quienes mantienen el pedido de detención sobre el funcionario involucrado.
Finalmente, las autoridades judiciales informaron que todo el material incautado quedará bajo resguardo para ser sometido a rigurosas auditorías que determinarán el grado de responsabilidad de cada actor implicado. Los voceros de la causa indicaron que no se descartan nuevas medidas de prueba ni citaciones a indagatoria para otros funcionarios de alto rango, en la medida en que los peritajes tecnológicos arrojen luz sobre la cadena de mandos. Con el municipio intervenido por la Justicia y la Bolsa de Comercio bajo auditoría, la comunidad de Sáenz Peña aguarda definiciones que podrían reconfigurar el escenario institucional de la segunda ciudad de la provincia.
