El dinero había sido incautado y debía ser restituido. Las autoridades investigan un posible caso de corrupción dentro de la fuerza.
Las autoridades de Salta suspendieron a 21 oficiales de la Brigada de Investigaciones N.º 2 de Orán por el faltante de 62,5 millones de pesos, que permanecían bajo custodia judicial tras un operativo realizado en abril.
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El dinero, que había sido secuestrado por orden de la Fiscalía de Orán en el marco de una causa por robo, se encontraba almacenado en dependencias de la brigada a la espera de su restitución a los propietarios. La irregularidad salió a la luz cuando, al disponerse la devolución de los fondos, se detectó la ausencia de una suma considerable, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Penal 1 de Orán, encabezada por Daniela Murua.
En declaraciones a El Tribuno, el jefe de la Policía de Salta, Diego Antonio Bustos, detalló el procedimiento seguido tras el hallazgo: “Al tomar conocimiento de que en la Brigada de Investigaciones N.º 2 faltaba cierta cantidad de dinero que debía ser entregada a las personas afectadas, inmediatamente se informa a la Fiscalía de turno sobre esa situación”, explicó.
Bustos precisó que en la unidad especial trabajaban 20 efectivos, además del oficial responsable del secuestro del dinero, quien había sido trasladado recientemente a la ciudad de Pichanal. “Todos fueron suspendidos de manera automática para garantizar la transparencia en la investigación. Nosotros actuamos de inmediato y dejamos que la Fiscalía avance con sus pericias”, agregó.
La suspensión preventiva de la totalidad del personal de la brigada responde a la necesidad de evitar cualquier interferencia en el proceso judicial y permitir que los investigadores actúen sin condicionamientos.
Bustos subrayó: “En casos similares hemos hecho lo mismo. Cuando se detecta una irregularidad de esta magnitud, la prioridad es preservar la transparencia y la credibilidad de la institución”. Tras la medida, personal de otras brigadas fue asignado para hacerse cargo de las actuaciones y de las personas detenidas que permanecían en la unidad.
La investigación penal avanzó con la detención de uno de los oficiales, por disposición fiscal, tras comprobarse que había recibido el oficio judicial para la entrega del dinero y no cumplió con la orden.
Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murua, imputó al oficial detenido por los delitos de hurto calificado con llave retenida, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con la causa, el funcionario policial tenía a su cargo la custodia de los fondos vinculados a una causa penal en trámite y habría retenido una llave del cofre de seguridad donde se encontraba el dinero. Esta acción le habría permitido acceder a los bienes y sustraer parte de la suma sin autorización.
Durante el procedimiento, la fiscal dispuso el secuestro del teléfono celular del imputado y otros elementos considerados de interés probatorio, además de la toma de muestras periciales.
El Ministerio Público no descarta que, a medida que avance la investigación, se amplíen las imputaciones o se adopten nuevas medidas procesales.
“Todo está bajo análisis. Hay contradicciones en las declaraciones y una demora injustificada en cumplir la orden fiscal que disponía la entrega de los bienes”, explicaron fuentes judiciales a El Tribuno.
En paralelo, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades disciplinarias de los efectivos involucrados.
En esa línea, Bustos remarcó: “Nosotros, como institución, no vamos a permitir este tipo de hechos. Por eso, inmediatamente suspendimos a los efectivos involucrados hasta que se establezca la verdad judicial”.
