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El legislador debía presentarse en una causa iniciada por el presunto uso indebido de fondos públicos para financiar campañas de difamación en redes sociales.
El diputado nacional por Salta Emiliano Estrada –que es candidato renovar en las elecciones de octubre próximo-, volvió a ausentarse pese a que fue citado por el Juzgado Federal N°2 de esa provincia, en el marco de la causa en la que está imputado por el presunto uso indebido de fondos públicos para financiar campañas de difamación en redes sociales.
El legislador, quien ya había faltado a una citación anterior en junio, justificó a través de su abogado Jorge Ovejero que no había sido notificado en tiempo y que no podía ausentarse del Congreso en la jornada de votación de los vetos a las leyes de Financiamiento del Hospital Garrahan y las Universidades Nacionales.
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Pedido de desafuero
El fiscal federal Carlos Amad -que solicitó el desafuero del diputado camporista- sostiene que Estrada incurrió en delitos de intimidación pública (artículo 221 del Código Penal) y peculado de trabajos y servicios (artículo 261, segunda parte), ante la sospecha de que la estructura de difusión en redes estaba sostenida con fondos del Congreso, mediante contratos de asesores.
El defensor de Estrada planteó la nulidad del pedido de desafuero por considerarlo “inconsistente” y alegó que el proceso judicial presenta irregularidades, al tiempo que invocó la protección constitucional de los fueros parlamentarios.
¿Busca inmunidad?
Según señalaron fuentes judiciales, la estrategia del legislador peronista se basaría en dilatar la causa para llegar a las elecciones de octubre con la expectativa de asegurarse otros cuatro años de inmunidad parlamentaria.
Los candidatos a legisladores nacionales -tanto de su partido, como de otros- cuestionan el incumplimiento reiterado de Estrada con la justicia federal salteña y el impacto negativo que podría tener en la campaña.
Estrada, quien días atrás mantuvo un encuentro político con la expresidenta Cristina Kirchner -en prisión domiciliaria-, enfrenta también acusaciones por abuso de autoridad y violaciones a la Ley de Ética Pública.
