En medio de una profunda recesión y recortes nacionales en infraestructura, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció con pompa la preadjudicación de la obra vial más costosa de su gestión: una autopista de 22 kilómetros en el Valle de Lerma, valuada en más de 162 mil millones de pesos, que incluirá además un canal pluvial de 12 kilómetros para mitigar inundaciones.
La iniciativa fue presentada como un hito histórico por el mandatario salteño, quien encabezó el acto junto a funcionarios, intendentes y legisladores. “Es la obra vial más importante de toda nuestra gestión”, afirmó Sáenz, destacando el financiamiento íntegramente provincial “en el momento económico más difícil que atraviesa el país”.
La obra, que estará a cargo de una UTE conformada para el proyecto, busca conectar y aliviar la Ruta Nacional 68 entre Cerrillos, La Merced y El Carril, con un diseño que prevé soportar hasta 40.000 vehículos diarios. Se construirán siete nudos viales, tres puentes y contará con iluminación LED, cruces a distinto nivel y calzadas de concreto asfáltico. El plazo de ejecución es de 36 meses.
Sin embargo, el anuncio —que llega a semanas de las elecciones— generó controversias por su alto costo y su uso político, en un contexto en el que otras provincias paralizan obras esenciales y priorizan el gasto social. La decisión de denominar “Papa Francisco” a todo el conjunto de obras del área metropolitana también fue leída por sectores críticos como un gesto simbólico más orientado a fortalecer la imagen del gobernador que a una real integración.
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, defendió el proyecto señalando que la Provincia mantiene equilibrio fiscal, ha reducido su deuda externa y ejecutado más de 2400 obras desde 2019. “La Provincia tiene planificación y orden”, aseguró, mientras desde la oposición advierten sobre el endeudamiento y el riesgo de sobredimensionar proyectos frente a necesidades básicas aún desatendidas.
En paralelo, los reclamos de vecinos por la falta de inversión en salud, educación y servicios públicos siguen sin respuestas concretas, lo que deja abierta la discusión sobre las prioridades del gobierno en la distribución del presupuesto.
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