El gobernador Gustavo Senz promulg este mircoles la Ley N 8491, una normativa clave que permitir al sistema pblico de salud de Salta recuperar costos derivados de la atencin de pacientes con cobertura mdica, mediante un mecanismo legal y administrativo ms gil y contundente.
La nueva ley establece aranceles especficos para los servicios prestados en hospitales pblicos a pacientes cubiertos por obras sociales, prepagas, mutuales y aseguradoras, y habilita a la provincia a iniciar acciones judiciales para exigir el pago de las deudas acumuladas.
Segn lo dispuesto en el artculo 1, la facturacin de las prestaciones se realizar utilizando los valores del Nomenclador de Prestaciones Particulares del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS). En cuanto a medicamentos, se establece que se tomarn los valores de droguera al primer da hbil del mes, y los insumos descartables se calcularn segn precios de mercado. Las prtesis y rtesis debern ser provistas por los entes obligados, salvo en casos de emergencia debidamente justificada.
Uno de los aspectos centrales de la ley es que el Ministerio de Salud Pblica podr emitir certificados de deuda como ttulos ejecutivos, lo cual significa que podr iniciar juicios ejecutivos sin necesidad de trmites previos de verificacin. Esta herramienta otorga un sustento legal robusto al sistema de recupero de costos, que hasta ahora presentaba importantes falencias.
Adems, la ley autoriza al Ejecutivo a hacer modificaciones presupuestarias para implementar el nuevo rgimen y permite que la Autoridad de Aplicacin firme convenios especficos con obras sociales estatales.
La Ley 8491 tambin deroga toda normativa anterior que se oponga a su texto, marcando un cambio de paradigma en el financiamiento del sistema sanitario pblico, especialmente frente a una creciente demanda y limitaciones presupuestarias.
Con esta medida, el Gobierno provincial busca fortalecer el financiamiento del sistema de salud pblico, asegurando que quienes tienen cobertura mdica privada contribuyan con el sostenimiento de los servicios estatales que utilizan.