El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que revisará los planes sociales otorgados por la ANSES a personas extranjeras que no residan en la Argentina. Según explicó, busca colaborar con el gobierno nacional en la revisión de estos beneficios y aseguró que su objetivo es «defender los intereses de los argentinos».
«Insistimos en la necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”, expresó, al tiempo que sostuvo que «el Gobierno está trabajando en esa línea» y que su administración está “colaborando con todo lo necesario para que eso sea posible.
El mensaje fue difundido a través de las cuenta en X del gobierno salteño y fue reposteado por el presidente Javier Milei, en señal de apoyo. Sáenz también celebró las medidas impulsadas por Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la reforma migratoria. «Desde Salta la venimos pidiendo desde que asumí como gobernador, por ser una provincia con pasos internacionales», afirmó. Consideró que estas decisiones representan «un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos.
Reformas migratorias
Como lo informó Ámbito, el Gobierno publicó la semana pasada el DNU 366/2025 que reemplaza artículos de la legislación vigente, con el objetivo de endurecer las regulaciones para disminuir el acceso de los extranjeros al país.
El decreto argumenta que «en la actualidad los movimientos migratorios se desenvuelven en un escenario global completamente distinto al de años anteriores, que presenta nuevos desafíos en materia política, económica, cultural y social». Y ponen como ejemplo el aumento del flujo migratorio producto de «la política de deportaciones que está llevando adelante el Gobierno de los Estados Unidos de América», la cuál, según citan palabras de Donald Trump, crecerá en una proporción importante.
Por ese motivo se aseguran que «las facilidades extremas que existen actualmente para entrar y permanecer en el territorio nacional, así como de utilizar sin cargo los servicios de salud y educación, permiten prever que resulta probable que una proporción importante de esos deportados se radique o intente radicarse en nuestro territorio, lo cual generaría un impacto en la economía y en los servicios esenciales de la población». De ser así, afectaría los servicios provistos por el Estado, afirman.
En ese sentido, el decreto sustituye el “Artículo 6″ que, previamente redactado, resguardaba tanto a los inmigrantes como a sus familias, mientras que la versión propuesta se limita al migrante: «El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
