El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley que modifica el sistema de pensiones del sector público nacional. La nueva normativa eleva las contribuciones tanto de los trabajadores como del Estado. Peña defendió la medida como una decisión “responsable y necesaria para proteger la jubilación de miles de paraguayos”.
A través de su cuenta de X, Peña afirmó: “Esta reforma permite dar sostenibilidad al sistema, ordenar las cuentas públicas y garantizar que cada trabajador reciba lo que le corresponde”. Además, agradeció a los diputados y senadores por el “debate democrático” que, según él, “permitió enriquecer” la ley.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocido como la «caja fiscal“. El texto había sido modificado por el Senado tras una primera aprobación de los diputados en febrero, en un contexto de protestas de gremios docentes. El proyecto original establecía la edad mínima de jubilación en 57 años.
La versión definitiva, aprobada por los diputados, aumenta el aporte de los afiliados del 16% al19 % y la contribución estatal del 5% al 10%. Los maestros solicitaban un 14% de aporte estatal.
Para el magisterio nacional, los docentes universitarios y los magistrados judiciales, la edad mínima de jubilación se fija en 53 años con 25 años de aportes, un requisito que no estaba estipulado en la legislación anterior.
Los docentes, además del 19% de aporte a la “caja fiscal”, deberán sumar un 5,5% adicional para el seguro social.
En el caso de las Fuerzas Públicas, la edad jubilatoria será de 55 años con 25 años de aportes.
Durante la sesión legislativa, numerosos maestros se congregaron en las inmediaciones del Congreso en Asunción para pedir la aprobación del proyecto enviado por el Senado, al que calificaron como “un mal menor” frente a otras propuestas que elevaban la edad mínima de jubilación extraordinaria a 57 años y la ordinaria a 62 años.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, comunicó que Paraguay aplicará una “economía de guerra” en materia fiscal y solicitó “ajustarse los cinturones” en el gasto público, debido a una baja en la recaudación tributaria y en los ingresos de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la depreciación del dólar.
