Por Miguel Saredi
Los vecinos de Ciudad Evita lo dicen con angustia y con razón: la inseguridad se volvió parte de la vida cotidiana. Robos, entraderas, motochorros, violencia en las calles y una sensación generalizada de desprotección. A pesar del esfuerzo local, la respuesta estructural no llega, porque la seguridad, por ley, no depende del Municipio, sino de los gobiernos provincial y nacional.
La Matanza, con más de dos millones de habitantes, enfrenta una crisis que desborda cualquier capacidad municipal. Aunque el Municipio haya invertido en cámaras, patrulleros, luminarias y centros de monitoreo, la decisión, coordinación y conducción de las fuerzas policiales siguen siendo atribuciones exclusivas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – a través de su Ministerio de Seguridad – y, en algunos casos, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa dependencia genera una situación absurda, los intendentes son los primeros en recibir los reclamos, pero los últimos en poder decidir.
De acuerdo con la Constitución Nacional (artículos 121 y 123) y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (artículo 189 inciso 3), la seguridad pública y la organización de la policía son competencias provinciales. La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) no otorga a los municipios facultades de conducción policial, solo la posibilidad de colaborar mediante acciones de prevención, control urbano y monitoreo. En otras palabras: los municipios pueden acompañar, pero no tienen el mando operativo ni la autoridad legal para resolver los hechos de inseguridad.
El hartazgo vecinal es legítimo. La gente se organiza, levanta firmas, exige respuestas. Pero sin autonomía municipal ni poder real de decisión, los gobiernos locales solo pueden gestionar paliativos, nunca soluciones estructurales. Por eso, es urgente repensar el sistema de seguridad desde una perspectiva federal y descentralizada, donde cada comunidad tenga un rol activo en la prevención, el control y la planificación territorial.
La seguridad no puede seguir siendo una competencia diluida entre niveles del Estado. No puede haber responsabilidad sin poder, ni poder sin control democrático. Si los municipios son el primer nivel del Estado que enfrenta la inseguridad, deben tener también las herramientas legales, presupuestarias y humanas para prevenirla y combatirla.
Necesitamos una reforma institucional profunda, que combine más autonomía local, mayor presencia real de la Provincia y mejor coordinación con la Nación. Porque la seguridad no es un discurso ni una excusa, es el derecho básico de cada vecino. Y los vecinos de Ciudad Evita, como los de todo el país, tienen razón en reclamarlo.
