A una semana de las elecciones del 26 de octubre, el oficialismo libertario vuelve a tropezar con la misma piedra: la fiscalización. En La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires —donde en septiembre votaron casi 1,2 millones de personas—, varios referentes internos denuncian falta de fiscales, mala administración de recursos y, cómo no, el eterno “no se cumplieron los acuerdos”.
Las quejas apuntan directamente a Luis Ontiveros, el coordinador general de LLA en el distrito. Según las voces disconformes, la fiscalización en los comicios de septiembre fue un verdadero papelón: mesas sin cobertura, fallas logísticas y una desorganización pocas veces vista en política. Clara muestra de improvisación.
A todo esto se suma el enojo por el manejo de los fondos destinados a garantizar la presencia de fiscales en cada escuela. Algunos aportantes, que pusieron plata “de buena fe” para el operativo, ahora se preguntan si el dinero terminó donde debía. “Es mucho dinero para gente que no puede estar al frente de cuidar la elección más importante para el gobierno de Milei”, deslizó con visible irritación un dirigente local.
El clima interno se enrareció tanto que, en los pasillos libertarios, ya se habla de “tribus” enfrentadas, cada una con su versión de los hechos y su propio culpable preferido. Lo cierto es que, si el gobierno nacional espera repetir el esquema de septiembre, más vale que tenga a mano un plan B… o, al menos, una calculadora para contar cuántas mesas quedan sin cubrir.
