A partir de los hechos ocurridos en la secundaria 20 de Gral San Martín, traemos a la palestra el inicio de un gran debate que nos debemos como sociedad y como educadores para poder explicar y entender este fenómeno. La naturalización de la pobreza, la falta de recursos y la precariedad laboral se une con la falta de inversión en educación, espacios recreativos y formativos.
El pasado viernes 21 de marzo, se viralizaron imágenes filmadas frente a la municipalidad de Gral. San Martín donde un estudiante menor de edad amenazaba a otro con un arma de fuego. Todo empezó con una riña frente a la E.E.S. N° 20 «EEUU» y continuó hasta llegar a metros de la Municipalidad. El hecho nos obliga a reflexionar profundamente sobre las causas que conducen a que los adolescentes vivan estas realidades. Frente a esto, la escuela solo resolvió al día siguiente de los acontecimientos, meter la policía en el aula y requisar menores de edad.
La escuela esquiva el debate, los sectores reaccionarios también
Sin suspensión de clases para organizar seriamente un profundo debate involucrando e interpelando alumnos, docentes y las familias, a la fecha todo sigue como si no hubiese ocurrido nada.
Tras más de una semana de los hechos la escuela emite un comunicado para los docentes por whatsapp, sin ninguna firma, en el que menciona reuniones privadas solo con las familias de los estudiantes implicados, jornadas de convivencia y talleres para “algunos cursos”. Luego, siguiendo esta línea, en otro comunicado propone reunión “para establecer un buen clima escolar” sin suspensión de clases y fuera del horario escolar para el viernes 4 con un participación limitada a 5 preceptores, 10 profesores, equipo de orientación, 2 auxiliares y personal jerárquico.
Sin embargo, un debate es necesario y urgente, son diversos los factores que contribuyen a que la problemática de las peleas entre pibes y pibas sea un emergente con el que conviven tanto los docentes como las familias. Quienes parecen no querer verlo, además de la escuela, son los sectores reaccionarios quienes aprovechan para pedir por la bajada en la edad de imputabilidad, más policía y cárcel.
En un año electoral, es muy sencillo interpelar votantes sembrando el sentido común de que más policía significa más seguridad. Más sencillo que cuestionar un sistema al que defienden a capa y espada, aunque sea inútil para solucionar los problemas sociales y que de hecho, los potencia.
Para la educación NO HAY PLATA
Quienes tienen la responsabilidad política de que estos hechos no ocurran, ni se molestan en siquiera destinar fondos para aplicarles el “parche” de las políticas públicas. Mientras desde el gobierno de Milei se destinan nuestros recursos para pagar al FMI, beneficiar empresarios y fortalecer policías y cárceles, Axel Kicillof se suma también a la motosierra. Habría que preguntarle al gobernador Kicillof y al ministro de Educación: ¿realmente piensan que la policía en las aulas va a ser la solución? Una posible respuesta a este interrogante es que Kicillof, mientras ajusta en educación, reparte $ 1.700 millones para patrulleros y balas.
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kicillof o cualquier partido patronal son meros sostenedores de un régimen social degradante que aplica sobre la docencia y la juventud políticas de cohersión y, a lo sumo, de contención.
La situación en el aula
Las escuelas públicas están en crisis. Las olas de calor dejan en evidencia la falta de infraestructura adecuada: en las oficinas ministeriales hay aire acondicionado, pero en las aulas los estudiantes están sometidos a temperaturas insoportables. La falta de insumos, la precarización del salario docente y las reformas curriculares impuestas sin consulta agravan la situación.
Hay que mencionar que los docentes han alertado en reiteradas ocasiones sobre conflictos que afectan la construcción de identidades y la escolaridad, y han solicitado herramientas para abordarlos sin recibir respuestas. Desde provincia, la “guía” para intervenir en situaciones de riesgo, es altamente punitiva y habilita el ingreso de la policía al aula. ¿Qué es lo que la guía de Kicillof resuelve con todo esto?
Al mismo tiempo, los bajos salarios, con aumentos como el último de un 2% para abril en provincia, afectan la salud y la calidad de vida de los docentes porque el salario de un cargo se mantiene bajo la línea de pobreza, pero también afecta la calidad educativa. Los educadores deben trabajar 3 turnos para subsistir y a esto se suma una feroz persecución con auditorías por el sistema de licencias médicas y la implementación de reformas en el régimen académico. Reforma que se resolvió sin la participación activa del cuerpo docente y que su implementación demanda dividir tiempos y atención entre variados grupos de estudiantes, el curso, recursantes y los que intensifican. La cuenta es sencilla, hay docentes precarizados y sobreexplotados, mientras tanto, se siguen ignorando los problemas reales que enfrentamos en las calles y en las aulas.
¿Qué rol jugó la burocracia sindical?
Los gremios se presentaron el día viernes junto con los inspectores. Si bien hubo representantes por SUTEBA, FEB y UDOCBA, ninguno presionó a los inspectores para que faciliten la participación de los docentes en un gran debate para abordar el tema.
También es necesario señalar que junto a la precariedad de los salarios docentes, los ajustes en la educación, la persecución por las licencias médicas y el caos del nuevo régimen educativo, la burocracia sindical también dejó pasar desde el 2023 la guía de intervención para situaciones de violencia que permitió el ingreso de la policía al aula que, más allá de ser tácticamente punitivista, tiene un rol estratégico, que es dejar pasar el ajuste, a pedido del FMI y el gobierno, a pesar de su retórica, y tiene consecuencias concretas muy graves, como la carestía de vida que dificulta el sustento de las personas, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y estudio, y un largo etc.
El sindicato es una oficina más del gobierno que dictamina la pauta salarial y administra las consecuencias del ajuste en el mejor de los casos.
Acceso a armas y convivencia policial
La facilidad con la que un adolescente puede acceder a un arma de fuego es alarmante. Existen pruebas de la complicidad entre fuerzas policiales y el delito organizado facilitando el tráfico de armas. Es urgente investigar y desarticular estas redes para garantizar la seguridad de nuestra juventud. Ya lo hemos visto durante décadas: los grandes delitos como la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas, cuentan con la complicidad de la policía. La represión en las protestas sociales en donde por ejemplo, golpean y gasean a nuestros jubilados y los casos como el de Luciano Arruga, obligado a robar para la policía antes de su desaparición, nos muestran el verdadero rol de las fuerzas de seguridad.
¿Hay futuro para la juventud? Cuestionemos algunos de los problemas estructurales
Muchos padres y madres deben trabajar jornadas extenuantes en empleos precarios, lo que limita su tiempo de acompañamiento a sus hijos y les imposibilita muchas veces brindarles una alimentación adecuada. Si a esto sumamos la falta de espacios recreativos y de formación, los jóvenes quedan más expuestos a situaciones de violencia y vulnerabilidad.
El futuro que les propone este sistema a nuestros jóvenes no es mucho mejor que el de sus padres. El del trabajo precario y no registrado, el de las APPs, sin ningún tipo de derecho laboral y encima, por un salario mínimo que no les permite ahorrar, apenas sobrevivir para volver al día siguiente, es desalentador para los jóvenes. Un futuro en el que les roban todo el tiempo del día para el estudio, descanso y ocio.
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Impacto de las políticas de ajuste
Las políticas de ajuste impuestas por el FMI han agravado las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Mientras se reduce el gasto social, Milei impulsa una campaña para bajar la edad de imputabilidad, trasladando la responsabilidad del Estado a la criminalización de la juventud.
¿Pretenden que la cárcel sea la nueva escuela? Si no hay organización para enfrentar el ajuste, si no nos cuestionamos los problemas de fondo de este sistema, no va a haber nunca una salida.
Exigimos aumento del presupuesto educativo y de infraestructura escolar, junto con salarios dignos para docentes y trabajadores de la educación. Es imprescindible una inversión en clubes deportivos y espacios culturales gratuitos para niños y adolescentes, garantizando alternativas formativas y recreativas que contribuyan a su desarrollo integral.
Las políticas públicas deben abordar la violencia juvenil desde la prevención y la inclusión, no desde la criminalización y el castigo. La plata está. Rechazamos que se destine a pagar una deuda ilegítima mientras la educación pública se desmorona y nuestros jóvenes quedan expuestos a la violencia. Necesitamos un cambio de rumbo urgente.
La solución no vendrá sin un cuestionamiento radical a esta sociedad de clases y en ese sentido las herramientas políticas de organización de la clase trabajadora y la juventud son muy importantes. No es lo mismo que en una escuela haya centro de estudiantes a que no lo haya. Tampoco que la docencia tenga sindicatos democráticos que promuevan foros abiertos de discusión, asambleas participativas, que convoquen a las familias y a la juventud a politizar todos los problemas.
El debate recién comienza, mientras tanto, llamamos a la autoorganización desde abajo, junto a los estudiantes y las familias.
