En un detallado fallo de 400 páginas, el juez Sebastián Casanello acusó al Alberto Fernández de haber permitido que su gestión estuviera “contaminada de intereses privados” del grupo de su amigo y broker Héctor Martínez Sosa. El ex presidente, antes del 2019, había asesorado y cobrado facturas de ese broker que era, además, el esposo de su secretaria privada María Cantero.
En vez de mitigar el conflicto de interés que tenía con el negocio de los seguros y habiendo sido el interventor del INDER durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem, contribuyó a que el grupo de Martínez Sosa creciera exponencialmente aprovechando su influencia.
“Se impuso una lógica de intercambios de favores en lugar de la racionalidad que debe guiar la actuación del Estado”, contó una fuente judicial que conoce la causa abierta en base a una nota de Clarín.
Por esa y otras razones, Casanello lo procesó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, permitió un enorme fraude en la ANSES. En este organismo los ex funcionarios beneficiaron a otros brokers, Pablo Torres Garcia y Lucas Rosendi, con contratos por servicios inexistentes o injustificados por cifras millonarias. “La ganancia ilícita se canalizó a través de cooperativas que lavaron ese dinero y pagaron sobornos”, contó la fuente.
Otro de los ejes del procesamiento avanza con la responsabilidad penal empresaria de Martínez Sosa como «armador» de los negocios de los seguros con el Estado.
Además, como había hecho con la causa de la Ruta del Dinero K, el juez tomó fuertes medidas para recuperar activos (reparaciones y decomisos), apostando a una futura condena de los procesados por un monto total de 69 mil millones de pesos.
En cuanto al amigo y financista electoral de Alberto, quien integró el binomio junto a Cristina Kirchner, “se encuadran las conductas identificadas como “universo ‘intermediación – Martínez Sosa’”, esto es, el otorgamiento por parte del Estado de beneficios indebidos en materia de seguros, en el marco de un fuerte conflicto de interés -que supera, como se vio, el mero hecho de haber sido amigo del presidente-”.
Para el juez el grupo empresarial liderado por Héctor Horacio Martínez Sosa estaba conformado, además, por María Cantero y ciertos brokers vinculados a ellos “Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.”, “Bri Brokers S.A.”, “Levelar S.A.”, “Bachellier S.A.”, Garrido, Calvo, Salim y Crisafulli.
Las maniobras ocurrieron entre diciembre de 2019 y de 2023, a partir de lo cual percibieron la suma de $2.252.997.734 en concepto de comisión
Para el juez el ex presidente “podía intervenir y, de hecho, lo hizo. Mientras en el plano formal ejerció competencia en este tipo de asuntos al dictar el decreto n° 823/202, e incluso designó a una integrante de una empresa proveedora del Estado de este rubro en un lugar clave para la obtención de estos beneficios ( decreto n° 209/2020)”.
En el plano informal “existen fuertes sospechas de que construyó una oficina de presidencia que pasó a ser asiento de los negocios del grupo empresarial de Martínez Sosa de los cuales él mismo había participado”.
Sin embargo, Fernández «no solo no denunció tal situación ni impuso otro tipo de “barrera” (aun frente a todo tipo de alarmas), sino que las circunstancias objetivas analizadas (elección de quien ocuparía el cargo de secretaria privada, confiar agenda, consentir el aprovechamiento de tal lazo para el propósito señalado”.
Eso permitió incluir “hasta el presunto pago de sobresueldos por parte del empresario a empleados de la presidencia-, acercar directamente la información indispensable -privilegiada- e intervenir de modo concreto” en los contratos a favor de su amigo, finalizó el juez.
