El problema de la vivienda en Barcelona suele asociarse con los barrios humildes, con las familias con menos recursos. Pero la realidad es que se ha convertido ya en un asunto de ciudad, y así lo demuestra el barómetro municipal, que sitúa la crisis habitacional en lo más alto de las preocupaciones ciudadanas. Este viernes se ha presentado un nuevo frente común contra la compra de fincas enteras para darles un uso distinto al residencial de toda la vida. Son seis inmuebles adquiridos en los últimos años por el fondo de inversión Vandor y cuyos vecinos se han unido para evitar su expulsión y que su casa se convierta en un coliving para jóvenes. Uno de los edificios, por justificar lo expuesto en el arranque, está en la calle de Avenir, a un suspiro del solvente Turó Park.
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Los afectados cuentan con el apoyo y asesoramiento del Sindicat de Llogateres, que en rueda de prensa ha denunciado que Vandor ya ha adquirido 14 edificios en Barcelona, con un total de 200 viviendas, “con finalidades puramente especulativas”. El mecanismo, según denuncian los residentes, es siempre el mismo. Lo han contado Martina Ges (Avenir, 62) y Rosario (Entença, 69). Tras la compra del edificio, los nuevos propietarios informan a los inquilinos de que su alquiler no se va a renovar. Pero no solo eso: les invitan a que no agoten el contrato y que se marchen antes. “Nos han ofrecido dinero, pero si miras el mercado, en ningún caso te compensa”, ha compartido Martina. Son seis los bloques que han unido sus voces, però según el Sindicat, son 14 los inmuebles comprados por Vandor y afectados por el mismo problema: seis en el Eixample, cuatro en Sarrià-Sant Gervasi, dos en Sants-Montjuïc y uno por cabeza en Ciutat Vella y Horta-Guinardó.
El consejo que les dio el Sindicat es el de siempre en estos casos: aunque se termine el contrato, quédate en casa. Así lo hizo Rosario, que ya es la única vecina tradicional en su finca del Eixample. “El resto de pisos ya son colivings en los que se meten entre cinco y siete jóvenes, casi siempre de Estados Unidos, y de entre 18 y 20 años”. No es una convivencia terrorífica, pero no es lo mismo la vida hogareña y urbana de Rosario, una mujer ya de una cierta edad que lleva en la casa tres décadas, que el desenfreno juvenil de estos efímeros forasteros. “Fiestas por la noche, olor a marihuana, suciedad…”, resume la afectada. Una Barcelona de dos velocidades. Y de dos bolsillos.

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El objetivo de los vecinos es que se renueve el contrato, algo que, obviamente, choca frontalmente con el deseo de Vandor, legítimo, de renovar los pisos y darles un uso distinto al tradicional. Un modelo de negocio, denuncia el Sindicat, que les permite alquilar cada habitación por hasta 900 euros al mes. Este colectivo también advierte que el propietario ha colado como obras menores unas obras mayores que le habrían obligado a realizar la reserva del 30% para vivienda social, al tratarse de edificios de más de 600 metros cuadrados.
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Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha repudiado “la fisura legal de los pisos de temporada y el alquiler de habitaciones, fenómenos que permiten subidas de precio al margen de la ley de contención del alquiler”. Por eso ha urgido al Parlament a dar salida al proyecto de ley que también debería poner un tope de precio a estos negocios inmobiliarios. “No puede ser que a golpe de talonario haya fondos que esquiven la norma e intenten echar a los vecinos de sus casas”.

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Sobre el devenir del conflicto, Aragonès ha recordado el éxito de la Casa Orsola (el ayuntamiento acabó comprando el edificio) y el final feliz de las calles Tapioles y Cortines, donde nueve familias, tras dos años de batalla con otro fondo de inversión, consiguieron quedarse en sus casas. Rosario, de momento, lleva año y medio de lucha, sin contrato en vigor pero pagando cada mes el alquiler y los suministros. “La clave es no irse de casa”, repite. Hubo un momento en el que estuvo a punto de tirar la toalla. Pero al consultar alguna inmobiliaria del barrio se le pasaron las ganas. Se queda; por ahora.