El juicio por YPF atraviesa momentos de definicin. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York analiza el pedido de Argentina de suspender la entrega de las acciones mientras apela la sentencia de la jueza de primera instancia Loretta Preska que conden al pas a entregar las acciones de YPF para pagar parte de los u$s 16.000 millones con los que benefici a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park por la expropiacin de la compaa.
Argentina deber presentar maana sus argumentos para solicitar que la cmara de Apelaciones extienda la suspensin a la orden de entrega de las acciones mientras dure la apelacin. Hasta ahora, ha conseguido una suspensin temporal administrativa hasta que la cmara de Apelacin decida, pero la medida no es permanente y puede ser denegada.
Los fondos que querellan contra el pas (como Burford y Eton) pidieron a la cmara de Apelaciones -en la justicia estadounidense lleva el nombre de Segundo Circuito- que no se otorgue una suspensin mientras dure la apelacin, sino que obligue a Argentina ofrecer una garanta.
La cmara definir esta semana si extiende o no la suspensin y de qu forma. De resolver en contra de Argentina, el pas debera entregar las acciones, u otra garanta.
Mientras tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, subray que Argentina no va a negociar con las partes demandantes.
Segn el especialista Sebastin Maril, los demandantes rechazaron la suspensin y la postura estadounidense porque consideran que Argentina no puede demostrar que tiene probabilidades de ganar la apelacin de la entrega de las acciones ni ha demostrado el dao que les puede ocasionar la quita de los activos.
De hecho, agregan que el dao que puede sufrir el pas es consecuencia de su conducta, demoras y maniobras para eludir el cumplimiento de la sentencia. Sostienen adems que ya fueron damnificados porque Argentina se niega a pagar a pesar de tener una sentencia favorable, y tampoco ofrece garantas en caso de que la apelacin fracase.
Por ltimo, plantearon que no quieren mantener las acciones de YPF si Argentina gana la apelacin, por lo que, llegado el caso, las devolveran, pero no quieren que la apelacin avance sin una garanta.
El exviceprocurador del Tesoro, Sebastin Soler, agreg que «conscientes del riesgo de que la Cmara falle a favor de Argentina, ahora plantean que devuelva el expediente a Preska para evaluar algn mtodo de garanta menos oneroso».
Su suposicin es que la garanta «mnima», en base a lo discutido en 2023, sera la mitad de las acciones de YPF en manos del Estado o ceder crditos por cobrar a Paraguay por la construccin de Yacyret.
Argentina deba haber ofrecido una garanta en enero de 2024, segn entienden los conocedores del caso. En ese entonces, se rechaz la emisin de bonos, dado que deba ser aprobada por el Congreso, mientras que Preska rechaz activos del FGS por tratarse de respaldo del sistema previsional.
La postura argentina, respaldada por el Gobierno estadounidense, sostiene que la decisin de Preska viola la Ley de Inmunidad Soberana, puede ocasionar un dao irreparable al pas y que afecta la soberana y la gobernanza. Adems, pide que la suspensin le sea otorgada ya que considera que tiene chances de ganar la apelacin sobre la cuestin de fondo y que, dado que el pas no tiene intencin de vender las acciones, no habra un perjuicio para la compaa.
Desde la Procuracin del Tesoro pidieron no restarle importancia al respaldo efectuado por el gobierno de Estados Unidos. En 2019, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos consult al Gobierno (tambin en manos de Trump) su postura sobre si el caso deba tramitar en Estados Unidos, el Gobierno dijo que si, desechando la intencin argentina de que la causa no se trate all. En ese entonces se especulaba que la cercana de Trump con el entonces presidente Mauricio Macri servira para tener el apoyo del Gobierno.
Entre los argumentos que expuso el Departamento de Justicia para respaldar la defensa argentina se detalla que Estados Unidos tiene un inters diplomtico en la apelacin, que los bienes de los Estados extranjeros tienen inmunidad soberana ante la ejecucin ordenada por la justicia norteamericana, que Argentina podra perder el control de la compaa mientras que los demandantes no se veran perjudicados por la suspensin en lo que dure la apelacin.
