El pasado 11 de septiembre, el Presidente Javier Milei firmó junto a su gabinete los decretos 647/2025 y 651/2025, con los que vetó en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica. Sin embargo, una semana después, la Cámara de Diputados rechazó ambas decisiones presidenciales con mayorías de dos tercios, en una jornada marcada por la movilización de miles de docentes, estudiantes, trabajadores del Hospital Garrahan y organizaciones sociales y sindicales.
Las votaciones resultaron contundentes: 174 votos afirmativos, 67 negativos y dos abstenciones para la norma universitaria; y 181 afirmativos, 60 negativos y una abstención para la sanitaria. Como ya comentó este medio, la Constitución establece que, para dejar sin efecto un veto presidencial, ambas cámaras deben rechazarlo con mayoría especial. Por eso, el debate continuará en el Senado. Según pudo trascender, será el 2 de octubre que el recinto intentará sellar la caída definitiva de los vetos.
La Ley de Financiamiento Universitario busca dar respuesta a la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas desde hace más de un año y medio. El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes, consolidar la investigación y sostener infraestructura y equipamiento. Además, fija una actualización de los gastos de funcionamiento y recomposición salarial docente y nodocente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica apunta a garantizar el acceso equitativo y de calidad a la salud infantil. Entre sus ejes figuran la asignación prioritaria de recursos para medicamentos, vacunas, insumos críticos, mantenimiento de hospitales pediátricos y la recomposición salarial del personal de salud, incluidos los residentes de todas las especialidades. De prosperar en el Senado, ambas leyes quedarán firmes y el Gobierno nacional deberá promulgarlas.
