Sin acuerdo entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque del Senado, la oposición se autoconvocará este jueves en una sesión ordinaria para someter a votación una batería de proyectos que irritan al presidente Javier Milei.
Buscan avanzar con las mejoras previsionales, la emergencia en discapacidad y los proyectos tributarios de los gobernadores para redistribuir fondos, entre otros puntos.
Frente a la amenaza, Villarruel reunió a los presidentes de bancada este martes a las 17 para intentar un acuerdo y fijar reglas básicas. En el encuentro estuvieron representantes de los principales bloques y la reunión duró poco más de una hora, pero no hubo concesiones desde ninguna de las dos partes.
La vicepresidenta no convocará a la sesión pero, entendiendo que será en un día y horario habilitado para sesiones ordinarias, tampoco la va a invalidar si los senadores consiguen el quórum suficiente para abrir el debate.
Descuentan que lo conseguirán con los 34 senadores de UP, los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, la larretista Guadalupe Tagliaferri del PRO, más algunos de bancadas federales. «El número está», confían en UP. Sin embargo, si la sesión inicia se espera un debate cargado de tensiones y plagado de discusiones reglamentarias con final abierto.
El principal argumento de la oposición para sesionar este jueves fue justamente que el cuerpo está facultado -y lo votó por unanimidad en la preparatoria de febrero- para sesionar todos los miércoles y jueves a las 14. «Esta convocado el parlamento para funcionar en forma ordinaria y eso no lo puede impedir nadie porque es un poder público, del Estado. Cualquier obstrucción es un delito«, advirtió José Mayans, jefe de Unión por la Patria.
El lunes a la noche Mayans se comunicó con Villarruel para informarla de la decisión y le advirtió que esperaba que el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, «se retracte» por haber declarado inválidos los dictámenes de los proyectos previsionales y de emergencia en discapacidad. Incluso amenazaron con removerlo del cargo. «Le quieren cortar la cabeza a Giustinian pero no se los vamos a permitir», reconoció un radical.
«Hemos emitido despacho por tres temas que son el incremento previsional, el de la moratoria y la emergencia en discapacidad. Lo que ayer sacó el secretario parlamentario es nulo de nulidad absoluta. No tiene potestad para opinar sobre la el tema de los senadores, eso tiene que estar sometido directamente al cuerpo«, declaró este martes Mayans.
El lunes, Giustinian firmó una resolución para señalar que esos despachos son ilegales. «No existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable, según el Reglamento del Senado, para validar el tratamiento y dictamen de proyectos», señaló el funcionario.
Lo cierto es que esos dictámenes se firmaron en una reunión de la comisión de Presupuesto autoconvocada por Unión por la Patria, porque su presidente, el oficialista Ezequiel Atauche, se negaba a citarla. Lograron quórum con el radical Martín Lousteau y con Guadalupe Tagliaferri, del sector larretista del PRO.
Sin despacho de comisión, los proyectos necesitarían dos tercios para aprobarse sobre tablas en el recinto, un número imposible de conseguir. Por eso la oposición optó por forzar ese dictamen. Pero tanto el oficialismo como las bancadas del PRO y parte de la UCR tampoco los creen válidos. «No fuimos avisados para poder formar parte de la reunión», señaló un miembro de la bancada amarilla.
Acordaron que la interpretación va a saldar el cuerpo en la misma sesión. Sin embargo, no están de acuerdo con qué mayoría se debe hacer. El oficialismo plantea que son dos tercios porque representa un cambio de reglamento. La oposición se niega.
Los temas a discutir
Hay siete temas que quieren tratar el jueves en total. Además de los dos proyectos jubilatorios -el aumento general y extensión de la moratoria- y la emergencia pediátrica, Mayans informó que también van insistir con el proyecto que declaró la emergencia para Bahía Blanca -y que el presidente Javier Milei vetó- y el texto de Maximiliano Abad para defender las acciones de YPF frente al fallo de la justicia estadounidense.
Video
Victoria Villarruel habló sobre el saludo que le negó Javier Milei
A su vez están los dos proyectos de los gobernadores que buscan regular el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y hacer coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Estas dos iniciativas requieren dos tercios de los votos porque no tienen despacho de comisión.
Los proyectos tienen amplio consenso. De hecho, fueron presentados con las firmas de los presidentes de los bloques de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa); de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Alfredo De Ángeli; de Convicción Federal; Fernando Salino, y Carlos Espínola, de Unidad Federal.
Uno de los textos plantea modificar la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), haciéndola automática e incorporándola a la Ley Permanente de Presupuesto Nº 11.672. La distribución, plantean, se haría según los coeficientes establecidos en la Ley de Coparticipación Federal .
La otra propuesta impulsa la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. Los recursos de estos “serán distribuidos de conformidad” a lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) establece que lo generado por este gravamen será un 14,29% para al Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias, y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social que será destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
También se especifica cómo será el reparto entre las provincias, con un 25% en partes iguales y el 75% restante de acuerdo a los índices de coparticipación.
Resaltan que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales».
