Un fuerte pronunciamiento tuvo lugar este martes en el Senado de la Nación, donde legisladores de diferentes bloques rechazaron enérgicamente las acciones judiciales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei contra trabajadores de prensa. El motivo central del cuestionamiento fue la presentación de denuncias penales y civiles contra periodistas que difundieron audios vinculados a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, y a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien había revelado presuntos actos de corrupción dentro del organismo.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara Alta encabezó una conferencia de prensa en la que se advirtió sobre el carácter autoritario de la medida. La senadora Carolina Moisés, presidenta de la comisión y referente de Unión por la Patria, calificó como “anticonstitucional” la decisión del Ejecutivo y sostuvo que la función del Senado es garantizar el respeto a la Carta Magna y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En su exposición, Moisés subrayó la necesidad de resguardar a los trabajadores de prensa frente a lo que definió como un “clima creciente de hostigamiento” hacia quienes ejercen el periodismo. “El Gobierno comenzó con descalificaciones, luego avanzó con discursos de odio y finalmente terminó en acciones judiciales que atentan contra la libertad de expresión”, sostuvo.
La estrategia judicial del oficialismo incluyó la solicitud de allanamientos a periodistas y abogados, con el argumento de una supuesta conspiración internacional en la que estarían involucrados sectores políticos locales y hasta la Asociación del Fútbol Argentino. Esta hipótesis fue duramente criticada por los legisladores presentes.
El senador Pablo Blanco, de Juntos por el Cambio, remarcó que el accionar del Gobierno “traspasa límites inadmisibles” y cuestionó tanto al Poder Ejecutivo como al juez civil Alejandro Maraniello, quien avaló una medida cautelar para impedir la difusión de los audios. Blanco recordó que el magistrado enfrenta múltiples denuncias en el Consejo de la Magistratura y calificó la resolución como “violatoria de la Constitución Nacional”.
Martín Lousteau, también de Juntos por el Cambio, acompañó la conferencia pese a no integrar la comisión. Alertó sobre el riesgo que implica para la democracia la posibilidad de allanar medios de comunicación o domicilios de periodistas cuando la información difundida incomoda al Gobierno. “Si esto se permite, se rompe la confianza entre la sociedad, la prensa y las fuentes que acuden a denunciar irregularidades”, advirtió.
