Asunción, 4 feb (EFE).- Senadores de oposición paraguayos exigieron este martes la destitución de un legislador que aparece en conversaciones extraídas de un celular del diputado Eulalio Gómez, fallecido el 19 de agosto pasado en un presunto choque de disparos con las autoridades, en las que un juez encontró indicios de un supuesto esquema de «corrupción pública» en instituciones judiciales de Paraguay.
Un grupo de once senadores emitió un comunicado en el que solicitan a la Cámara de Diputados «tratar la pérdida de investidura» del diputado del gobernante Partido Colorado Orlando Arévalo, quien también ostenta el cargo de primer vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano que juzga el desempeño de jueces y fiscales.
El juez especializado en crimen organizado, Osmar Legal, denunció la víspera que en uno de los celulares incautados durante el allanamiento en el que murió el diputado Gomes, ordenado como parte de una investigación por presunto lavado de activos, existen conversaciones vía mensajería de ese político con Arévalo, dos agentes fiscales y una jueza penal.
Legal pidió al Ministerio Público iniciar investigaciones sobre los indicios hallados de una presunta «corrupción pública» relacionada -dijo- con «pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero» entre los involucrados en las conversaciones.
En ese contexto, los senadores expresaron su «profunda preocupación» con este caso que a su juicio revelaría «la grosera manipulación del sistema de justicia por medio de un sistema de tráfico de influencias, prevaricato, corrupción fiscal y judicial, entre otros hechos punibles».
Asimismo, exhortaron a Arévalo a «renunciar inmediatamente» ante el JEM y que se someta a la justicia.
La Fiscalía paraguaya dispuso abrir una causa penal para investigar los hechos denunciados por Legal donde también aparecen involucradas las agentes fiscales, Katia Uemuera y Stella Mary Cano; y la jueza Sadi López.
De este modo, los senadores pidieron la suspensión de las fiscales denunciadas.
Los legisladores cuestionaron en la comunicación que «personas políticamente expuestas» pudieron presuntamente «operar con total impunidad y sin cuestionamiento alguno» de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y otras instituciones.
Además, afirmaron que el supuesto esquema operó sin «controles» de la Superintendencia de Bancos que «deberían haber cuestionado el origen o razón de millonarias transacciones bancarias realizadas en sus narices, por parte de dos legisladores, autoridades fiscales y/o judiciales».
El diputado Gomes, elegido por el Partido Colorado, fue abatido en su vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte) en medio de la operación ‘Pavo Real II’ dirigida contra las propiedades del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, extraditado en diciembre de 2017 a Brasil. EFE
