Durante la última sesión del Concejo Deliberante desde el bloque de concejales de Unión por la Patria se presentaron dos proyectos para repudiar la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner, la cual la inhabilita a presentarse a cargos públicos de por vida, el segundo proyecto versa sobre la declaración de personas no gratas en la ciudad de Tandil a los jueces de la Corte Suprema que tomaron esta decisión.
Los proyectos de resolución consideran en su articulado en el primer caso un «profundo repudio a la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces Presidenta de la Nación, y actual Presidenta del Partido Justicialista nacional; y su máxima preocupación por el atentado contra la democracia ejercido por miembros de Poder Judicial al cercenar el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes». En el segundo proyecto consta declarar «personas no gratas en el ámbito de la ciudad de Tandil a los señores Jueces de la Corte Suprema Justicia de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti, Dr. Horacio Rosatti y Dr. Carlos Rosenkratz en función del fallo proscriptivo contra la dos veces Presidenta de la Nación y actual Presidenta del Partido Justicialista nacional Cristina Fernández de Kirchner».
Ambos proyectos presentan en sus considerandos diversos cuestionamientos a los juicios y tratamiento dado a la conocida «Causa Vialidad» por la cual se ratificó la condena de la ex-presidenta «En primer lugar, se condena por un delito por el cual la ex-presidenta ya había sido juzgada y sobreseída (…) En segundo lugar, se vulneró la garantía de ser juzgada por jueces imparciales e independientes (…) En tercer lugar, se cometieron irregularidades graves como la incorporación de pruebas por parte de los fiscales que no habían sido planteadas por la fiscalía, la condena por conductas por las cuales no fue indagada ni procesada y que fueron incorporadas recién en los alegatos de los fiscales, la restricción de la posibilidad de la defensa de presentar pruebas exculpatorias o de convocar testigos clave y la negativa sistemática a realizar pericias exhaustivas sobre la totalidad de las obras en base a las cuales se fundó la condena, reduciendo las pericias a un número pequeño de las mismas, en las cuales no se pudo probar la cartelización ni el sobreprecio»
En otro apartado se remarcaron las deficiencias en torno al derecho administrativo que plantean «tal como señaló el ex-Procurador del Tesoro del actual gobierno Rodolfo Barra, el Presidente no puede tener responsabilidad administrativa ni penal en un caso de estas características ya que es ajeno a la administración general, función a cargo del Jefe de Gabinete».
En cuanto a la declaración de personas non-gratas a los tres jueces de la Corte Suprema se justifica en «Compuesta de sólo tres miembros, cuando debe tener cinco; incluye dos jueces que aceptaron ser nombrados por decreto por el entonces Presidente Mauricio Macri» a su vez señalan que «la «Causa Vialidad» se ha movido al compás del calendario electoral, con la finalidad de incidir de forma directa e indirecta en los procesos democráticos» y «que el fallo se tomó con el objetivo directo de prohibir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner».
Desde el bloque de Unión por la Patria el concejal Severiano Mon consideró «la proscripción de Cristina tiene un nivel de violencia simbólica muy grande, no puede pasar como algo más, es un ataque directo a la democracia, sacando del juego a la principal líder de la oposición, lo que hace un ataque directo a los derechos políticos de los argentinos al sacarles la posibilidad de votar libremente a sus representantes, pedimos reflexión y mesura para que se busquen los cauces democráticos que resuelvan esta situación a todas luces injusta y antidemocrática».
