Alejandro «Topo» Rodríguez fue uno de los artífices de la Ley de Zona Fría, la norma que desde 2021 permite a millones de usuarios del sur y centro del país -entre ellos los tandilenses- pagar tarifas de gas con descuentos del 30?% al 50?%.
Hoy, esa conquista está bajo amenaza: el Ejecutivo nacional estudia la posibilidad de eliminarla mediante un decreto. Y Rodríguez no solo lo advierte, sino que anticipa batalla judicial.
«La ley sigue vigente. Por lo tanto, eliminarla o modificarla por Decreto de Necesidad y Urgencia sería directamente ilegal», afirmó en Radio Voz (FM 106.9). Para el exdiputado, no se trata solo de una cuestión jurídica: «Además hay un agravante. Este Gobierno, en su propia Ley Bases, tuvo que incorporar que el Fondo Fiduciario para subsidiar consumos residenciales de gas no puede ser modificado. Es decir: en las leyes que ellos mismos impulsaron, se prohíbe cambiar estos descuentos».
La vigencia del beneficio, que alcanza a más de 4 millones de usuarios en zonas de bajas temperaturas, se sostiene en una razón evidente: el consumo obligado por el frío. «Cuando presentamos el proyecto en 2021, explicamos que uno termina consumiendo solo en calefacción lo que en zonas no frías se consume todo el año para cualquier finalidad. Esa es la esencia de esta ley: el subsidio responde a la necesidad real de mayor uso del gas»
Frente a los rumores crecientes sobre una posible derogación por decreto, Rodríguez desmonta con dureza los argumentos del oficialismo: «Dicen que la ley no distingue el ingreso socioeconómico, lo cual es falso. También aseguran que se benefician personas con ingresos medios y altos en zonas como Tandil, como si todos fuésemos terratenientes con títulos de propiedad bajo el brazo. Y encima, sostienen que con el descuento se despilfarra el gas porque es barato, citando un estudio que habla de un aumento del consumo del 7?% en tres años. Eso es nada. Son tecnócratas que no tienen ni idea».
Pero más allá de las críticas, el tandilense propone soluciones: «El modo de redistribuir recursos no puede ser a través del precio de bienes o servicios, sino del sistema tributario. Lo que debería hacer el Gobierno es leer la ley, dejar de haraganear con frases ideológicas y abrir el registro que prevé la normativa, para que quienes no quieran el descuento puedan renunciar a él».
Rodríguez, que vivió en primera persona el proceso legislativo para lograr que Tandil y cientos de localidades sean reconocidas como zonas frías, cierra con una advertencia clara: «Con la ley en la mano, vamos a presentar un amparo para frenarlo en la justicia. El Gobierno nacional no puede actuar arbitrariamente. La única vía válida que tiene es discutir la derogación en el Congreso».
