El juicio contra Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, volvió a sufrir una interrupción. Esta vez fue por un planteo de nulidad presentado por la defensora pública, Cecilia Martínez, quien asumió la representación del principal imputado tras una nueva renuncia del abogado particular. La audiencia se realizó en medio de reclamos por las condiciones de detención del acusado y cuestionamientos a la validez del proceso. Hoy deberá resolvderse.
El juicio contra Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, volvió a sufrir una interrupción. Esta vez fue por un planteo de nulidad presentado por la defensora pública, Cecilia Martínez, quien asumió la representación del principal imputado tras una nueva renuncia del abogado particular. La audiencia se realizó en medio de reclamos por las condiciones de detención del acusado y cuestionamientos a la validez del proceso. Hoy deberá resolvderse.
Desde las 9.30, las partes comenzaron a ubicarse en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial salteño. Apenas ingresó, Cositorto solicitó hablar con la secretaria de la sala y presentó un hábeas corpus denunciando que no se le están suministrando sus medicamentos psiquiátricos, que vive en condiciones de insalubridad en la Alcaidía General y que no se le permitió mantener una videollamada con su esposa y su médico.
Luego, ingresaron los jueces Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans. Llamó la atención la ausencia del abogado particular Franco Tolaba, quien había sido designado por Cositorto tras la renuncia de su anterior defensora, Sandra Domene. A pesar de esta ausencia, el tribunal decidió avanzar con la lectura de la requisitoria fiscal, argumentando que Tolaba tenía una línea telefónica abierta y estaba al tanto de la audiencia. Tras la lectura, el juez Pérez informó a Cositorto que Tolaba había renunciado a la defensa, hecho que el imputado aceptó, revocando su representación legal.
Frente a esta situación, el tribunal decretó un cuarto intermedio y se designó nuevamente defensa pública. Con la incorporación de la doctora Martínez, la nueva defensora presentó de inmediato un pedido de nulidad del debate, por considerar que se había vulnerado el derecho a la defensa en juicio.
En su exposición, Martínez advirtió que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) duró más de tres años –comenzó en 2022 y fue elevada a juicio en 2023–, y que durante buena parte de ese tiempo, Cositorto estuvo detenido en Córdoba y en Corrientes. A su criterio, esta distancia física y la inactividad de la defensora anterior generaron un estado de «indefensión» para el encartado, ya que no se ofrecieron pruebas en tiempo y forma.
La letrada también señaló que, tras asumir su defensa, se realizaron ofrecimientos de prueba que nunca fueron resueltos por el tribunal, y cuestionó que se haya iniciado el debate sin que se diera a Cositorto la oportunidad de elegir un nuevo defensor, dado que la renuncia de Tolaba fue, según indicó, en las primeras horas de ayer.
¿Cuál es el apuro de comenzar sí o sí ahora con el debate?. Preguntó la defensora ante el tribunal, cuestionando el apremio por dar inicio al juicio luego de una investigación extensa y de una prisión preventiva que ya excedió los plazos establecidos por el Código Procesal Penal de Salta.
