La medida de presión frente a la capitalina sede del Gobierno en rechazo a lo que consideran un aumento salarial insuficiente para los maestros preocupa a organizaciones de la sociedad civil, subrayó el diario local Prensa Libre.
Remarcó que un 16 por ciento de escuelas públicas, cinco mil 800 establecimientos, respalda la acción del STEG y que la víspera se sumó otro grupo de manifestantes, principalmente llegados del departamento de Huehuetenango y de Petén.
Hasta el viernes último el Ministerio de Educación levantó seis mil 560 actas a maestros faltistas, explicó el vicetitular Técnico de esa cartera, Francisco Cabera, citado por el medio de comunicación.
Agregó que las primeras sanciones a los docentes quedarán establecidas en los siguientes días. Preguntado sobre si habrá destituciones de los sindicalistas, mencionó que estas siguen “un proceso bastante más largo, pero están en curso”.
Según el funcionario, los datos de escuelas cerradas son cambiantes, “pues no siempre están inactivos los mismos centros”, argumentó.
Para recuperar el tiempo perdido, el viceministro explicó que estudian una ampliación del ciclo escolar y que se trabaja en un diseño técnico para implementarlo.
Sin embargo, precisó, este se finalizará cuando la protesta concluya y tengan claridad del total de días efectivos de clases sin cumplir.
Aunque los líderes del STEG insisten en que continuarán hasta que sus demandas sean escuchadas, Cabrera refirió que hay cuatro mesas de diálogo instaladas.
La falta de intercambio es pretexto, pues nos reunimos varias veces semanalmente, consideró el funcionario.
Exconstitucionalistas y juristas declararon al oficial Diario de CentroAmérica que el sindicato de Joviel Acevedo reta al sistema de justicia.
La Corte Constitucional otorgó el pasado día 4 a la Procuraduría General de la Nación un amparo provisional, que ordena suspender la huelga y regresar a las aulas.
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