A inicios de esta semana se conoció que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) decidió, sin explicaciones públicas y sin previa articulación con el Ejecutivo municipal, rescindir el convenio que regía el control y la gestión del llamado “servicio impropio”, es decir, el que prestan taxis y remises en la ciudad capital. Todo el accionar puso en evidencia una descoordinación institucional que salpica directamente a uno de los servicios más sensibles para la vida cotidiana en Salta.
El anuncio oficial se conoció recién el martes 22 de julio, cuando el organismo que preside Marcelo Ferraris emitió un parte de prensa escueto en el que informaba la decisión: “El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, AMT, informa que rescindió el convenio del servicio impropio con la Municipalidad de Salta. En ese marco (…) la totalidad de las facultades y/o potestades (…) vuelven a la Municipalidad”, indicó. A partir de este jueves 24 de julio todos los trámites del sector deben realizarse en la sede municipal.
Consultada por Salta/12, una fuente de la Municipalidad reconoció que hasta ahora no se había producido ningún encuentro formal con los responsables de la AMT: “Estamos a la espera de una reunión», dijo, y aclaró que por el momento no habría declaraciones oficiales sobre el asunto.
El desconcierto no fue exclusivo del Ejecutivo municipal. También alcanzó a los principales representantes de trabajadores de taxis y remises. Ernesto Alvarado, secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de Salta (SICOTASA), fue uno de los primeros en poner en palabras la inquietud. En diálogo con Radio Aries, apuntó directamente contra el organismo provincial: “Llama la atención la improlijidad de la AMT», afirmó.
Dijo que la AMT al menos tendría que haber trabajado con el municipio para que se traslade todo como corresponde. «No sé si el municipio cuenta con toda la información», alertó. Es que ese convenio se firmó en 2009 y durante todo ese período «se produjeron muchos cambios, sobre todo en la titularidad de los licenciatarios”.
Alvarado insistió en la falta de planificación, catalogándola de una gravedad institucional si se considera que el próximo mes está previsto el inicio del proceso de reempadronamiento de todo el sector. “Hay que tener en cuenta que hay fechas clave y si esto no está articulado, será un caos administrativo para los trabajadores”, advirtió el dirigente.
Además, recordó que la AMT, aún sin el convenio vigente, mantiene por ley su responsabilidad sobre el control del transporte público. Se trata de la ley provincial 7126, que establece las bases para el servicio impropio interjurisdiccional, definiendo las condiciones y requisitos para su operación. “La AMT también es responsable de controlar el transporte público, es una facultad fijada por ley. Tanto el transporte impropio como el propio están bajo su órbita. Si la AMT se desentiende, la pregunta que me hago es: ¿para qué existe la AMT?”, cuestionó.
Este jueves, en diálogo con Salta/12, Alvarado reiteró su preocupación: “Estamos esperando una reunión que vamos a tener con el presidente de la AMT», contó. Dijo que de no tener una pronta respuesta evaluarán medidas para manifestar el descontento. «No entendemos, no nos informaron, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, esta desprolijidad, vamos a tratar de ver cómo la solucionamos”, sostuvo.
Hasta el cierre de esta edición, Salta/12 no había obtenido respuestas de parte de la AMT a las consultas sobre los motivos de la decisión ni sobre cómo se garantizará la continuidad administrativa de los trámites.
Los representantes de los trabajadores del llamado sector impropio señalaron que esta situación deja en evidencia la precariedad de la coordinación entre niveles del Estado en temas centrales para la ciudadanía. Y que se suma a la ya compleja situación que viven los trabajadores del sector –presionados por la caída de ingresos, la inflación y la expansión del transporte informal.
Esto último, después de que el 16 de abril, el intendente Emiliano Durand firmara la promulgación de la ordenanza que regula y legaliza el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la capital salteña. La medida, largamente debatida, puso fin a años de incertidumbre legal sobre el uso de plataformas digitales como Uber, Didi y otras en el ámbito local.
