Cada vez que hay incendios en Argentina, los evacuados o vecinos de zonas aledañas que padecen el humo, remarcan que, cuando pasan estas cosas -el 95% de las veces causadas por humanos- nadie es sancionado; o sea, nadie va a la cárcel por prender fuego, a propósito, ningún campo. Ejemplo claro de esto es lo que pasó este martes, cuando la Justicia federal sobreseyó a los 42 imputados por los inolvidables incendios de 2020 en las islas entrerrianas frente a Rosario, Santa Fe.
Tras una denuncia impulsada en marzo de 2020 por la Municipalidad de Rosario (entonces y también ahora encabezada por Pablo Javkin), la decisión fue tomada por el Juzgado Federal Nº1 de Paraná, ciudad donde tramitó la causa, ya que los focos -que en efecto afectaron profundamente a la población rosarina- ocurrieron del lado entrerriano del río Paraná. El veredicto, más de cinco años después de la denuncia inicial: que no hay pruebas suficientemente contundentes contra la cuarentena de imputados, informó el diario La Capital.
El marco de esos incendios es bastante memorable. Arrancaron justo antes de que la pandemia de Covid aterrizara en Argentina, en un ambiente de verano intenso y sequía extrema, debida -en parte- a una notable bajada del río Paraná. Si bien en los días de esa larga cobertura mediática del humo en Rosario se planteó con fuerza la hipótesis del combo explosivo que estaban produciendo el calor en combinación con la sequía (circunstancia que se atribuye en todo el mundo a los efectos del cambio climático), rápidamente quedó claro -al menos para las autoridades rosarinas- que había un factor humano evidente detrás.
Tanto fue así que, como los incendios se recrudecieron en el invierno de 2022, el propio Javkin terminó presentándose como querellante en la causa iniciada dos años y medio antes, en un intento por ampliar la denuncia y sumar elementos de prueba.
Entre ellas, imágenes satelitales con las que la Municipalidad rosarina pudo determinar focos de calor concretos, que luego logró asociar a territorios de productores específicos: esas 42 personas que terminaron imputadas pero que ahora, cinco años más tarde, fueron sobreseídas.
Las intenciones atribuidas a estos productores (de parte de la querella) no escapaban a la «regla general» en casos así. Y es que habrían iniciado distintos focos de fuego para renovar sus terrenos destinados a ganado u otros usos; una práctica usual, asentada en el aval legal de que, si son controlados y se tramitaron los permisos pertinentes, los incendios intencionales, con ese propósito, están permitidos en algunas zonas de Argentina.
En declaraciones al diario La Capital, Claudio Kishimoto, fiscal de la causa, explicó que «no fue comprobada la responsabilidad penal de las 42 personas imputadas en los incendios a pesar de haberse determinado que muchos de ellos, como dueños de las tierras incendiadas, no hicieron nada para custodiar la presencia de personas ajenas que hicieron los fuegos que ocasionaron los perjuicios ambientales y de salud, tanto desde el punto de vista doloso (intencional) como culposo».
Según un informe de septiembre de 2021 del ahora extinto Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2020 se incendió el 21% de las 2.300.000 hectáreas que tiene el sistemas de humedales de la región conocida como Complejo Fluvio Litoral del Bajo Paraná. En cifras concretas, el fuego afectó 487.000 hectáreas de esa zona.
Como informó Clarín en su momento, en 2020 hubo 318.181 focos de calor, traducibles a incendios o puntos de altas temperaturas del suelo. Esa cifra fue casi el doble (93% más) que el promedio de incendios de los ocho años previos. Y, tomando todo el territorio nacional, el tamaño de las tierras arrasadas por el fuego fue descomunal: 1,1 millones de hectáreas.
Y, de hecho, más de la mitad de las provincias tuvieron focos propios, sólo en septiembre, según datos oficiales del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF). Las más afectadas fueron Salta, Entre Ríos y Córdoba.
