La Libertad Avanza buscará en el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso aprobar el proyecto que aumenta la penalidad en las niñeces. Bajar la edad de imputabilidad es una meta que la dirigencia argentina pretende alcanzar desde hace un largo tiempo.
«El régimen penal juvenil argentino establece que para que una persona sea sometida a un proceso penal debe tener al menos 16 años. El Poder Ejecutivo Nacional ha presentado un proyecto por el que se modifica esa edad mínima a 13 años. Las convenciones internacionales, a las que Argentina adhiere, con sólido fundamento científico, exigen que la edad mínima no sea inferior a 14 años y el Comité de Derechos del Niño recomienda que sea la más próxima posible a los 18 años. La experiencia y la razón demuestran simultáneamente, que la baja de la edad de imputabilidad no ha reducido la delincuencia juvenil y que, en cambio, si lo han logrado políticas públicas tan consensuadas como eficaces para la eliminación de las causas por las que los niños y los jóvenes delinquen», sostiene un comunicado de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina.
El proyecto, bandera de la actual senadora Patricia Bullrich, establece que “el objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los TRECE (13) años de edad hasta las cero (0) horas del día en que cumplan DIECIOCHO (18) años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el CÓDIGO PENAL o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro” (art. 1°).
La actual ley 22.278 se refiere a la punibilidad, es decir, a la decisión de política criminal estatal de establecer una edad mínima a partir de la cual una persona puede ser sometida a proceso penal. En
cambio, el proyecto utiliza la palabra imputación, es decir, la existencia de una acusación, y se refiere a la imputabilidad, es decir, a la capacidad de comprender la criminalidad de los actos. Asimismo, fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos
Pregunta, ¿bajar la edad de imputabilidad garantiza mayor y mejor seguridad cuando el único enfoque es la represión y sanción del delito?
Solo el 1 por ciento de los delitos graves tiene como victimarios a chicos menores de edad. Los fondos públicos para garantizar derechos humanos y básicos son retaceados por el gobierno de Milei, no así el financiamiento de la ley de baja de imputabilidad que presenta un costo de $ 23.739.155.303, que salen del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
Desde hace 20 años Antonio Castillo trabaja en el sistema de Responsabilidad Juvenil de la Provincia de Buenos Aires; lleva en su mochila dos décadas de convivir con esos pibes que están privados de la libertad en centros cerrados.
«Son los mas vulnerables de los sectores vulnerados de la sociedad, chicos que por vía normal o legal jamás podrán aspirar a adquirir un celular o zapatillas de marca; una moto o quizás un automóvil. Hablamos de pibes que, en la mayoría de los casos, provienen de familias rotas, con ausencia de la imagen paterna por distintas razones, siendo la madre la única figura fuerte, con todos los problemas que eso acarrea. Los chicos se escudan en el delito para poder aspirar a algo en la vida. Bajar la edad de imputabilidad, como lo pretende hacer este gobierno neoliberal de ultraderecha, no resolverá nada».
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