Por: Redacción Vive Caba
La política de «motosierra» y austeridad que pregona el Gobierno nacional enfrenta un nuevo escollo, esta vez en los tribunales de Comodoro Py. Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos del plan económico oficial, ha sido denunciado penalmente por asociación ilícita, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. El eje del escándalo: un contrato de más de 114 millones de pesos otorgado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro.
El «vínculo positivo» que encendió las alarmas
La denuncia, impulsada por abogados de la agrupación Reset Republicano y respaldada por presentaciones de legisladores de la oposición como Juliana Di Tullio, pone el foco en la Disposición 21/2026 de la Cancillería. Mediante esta norma, se contrató de forma directa a la AACI para brindar capacitación en idioma inglés al personal diplomático por un periodo de dos años.
Aunque desde el Gobierno nacional, específicamente el canciller Pablo Quirno, aseguran que se cumplieron los protocolos de integridad y que la relación familiar fue declarada, los denunciantes sostienen que hubo una omisión deliberada en la publicidad de estos actos ante la Oficina Anticorrupción (OA). La sospecha es clara: ¿Se utilizó el poder del Ministerio para beneficiar económicamente a una entidad vinculada directamente al núcleo familiar del funcionario?
Contradicciones en el discurso oficial
Lo que resulta particularmente crítico para la opinión pública es la asimetría entre el discurso de ajuste fiscal y los hechos denunciados. Mientras el Ministerio de Desregulación promueve el achicamiento del Estado y la eliminación de privilegios, la adjudicación de fondos millonarios a una entidad dirigida por la mujer del propio ministro —en un proceso de contratación directa— genera un ruido político difícil de silenciar.
Para los vecinos de la Ciudad, que enfrentan aumentos de servicios y transporte, estas noticias profundizan la sensación de una «doble vara» en la gestión de lo público. No se trata solo de un tecnicismo legal sobre declaraciones juradas; es una cuestión de ética gubernamental en un contexto donde se pide un esfuerzo extraordinario a la sociedad.
Un frente judicial y político abierto
La causa, que también apunta contra autoridades de la Oficina Anticorrupción por presunto encubrimiento o falta de control, llega en el momento de mayor exposición de Sturzenegger, quien además enfrenta cuestionamientos internos dentro de la propia Casa Rosada.
La justicia deberá determinar ahora si los mecanismos de control fueron sorteados intencionalmente o si se trata de una práctica que, aunque legal según el oficialismo, roza los límites de lo éticamente aceptable para una gestión que prometió terminar con la «casta». Lo cierto es que, en el centro porteño, el clima de descontento ya no solo se nutre de la inflación, sino también de las sospechas que recaen sobre quienes deben dar el ejemplo desde la cúspide del poder.
