La litigiosidad y la judicialización son dos de los grandes problemas que arrastra el sistema de salud en Argentina, de la mano de los amparos que los afiliados muchas veces deben impulsar para que una cautelar eventualmente les dé la razón y el tratamiento o el medicamento que el seguro médico les niega finalmente sea concedido por un juez. Pero ahora surgió una vía alternativa inédita, más expeditiva, cuyo primer caso se acaba de resolver en las últimas horas.
Esta nueva opción es el sistema de mediación denominado “Promesa” (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) en el que las partes tienen la posibilidad de lograr un acuerdo sin necesidad de acudir a la Justicia, lo que implica un ahorro de tiempo y dinero. En este primer caso todo se resolvió en menos de una semana, según informó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
El ministro de Salud, Mario Lugones, puntualizó que “en esta primera experiencia las partes alcanzaron un acuerdo en sólo cuatro días, lo que permitió garantizar la continuidad de un tratamiento médico”.
Clarín quiso conocer detalles sobre el seguro médico sobre el que había recaído el reclamo y sobre la demanda del afiliado, pero las fuentes de las SSS consultadas advirtieron que dicha información en el marco de la mediación extrajudicial es confidencial y debe mantenerse en reserva.
Lugones consideró: “Sin lugar a dudas, este es un paso importante para acercar soluciones concretas y menos costosas a la gente”. Se espera que a partir de este primer caso haya una continuidad de controversias con obras sociales y prepagas que puedan ir resolviéndose por este nuevo camino, para frenar el creciente ritmo de judicialización en un escenario de crisis.
El titular de la SSS, Claudio Stivelman (derecha) en una presentación del sistema «Promesa».
Optativo y con patrocinio gratuito
El sistema “Promesa”, además de expeditivo, brinda patrocinio jurídico gratuito para los que lo necesitan. Siempre es optativo, por lo que si el damnificado prefiere directamente la acción judicial -en lugar de que los tribunales sean la última instancia- puede hacerlo.
Aunque también existe la posibilidad, como estipuló la reglamentación del sistema, de que incluso para casos ya judicializados los magistrados puedan derivar las causas al “Promesa” de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, «siempre con el consentimiento expreso de la parte actora y una decisión judicial motivada».
Los mediadores son designados por sorteo y deben haber realizado una capacitación obligatoria que garantice su idoneidad. Para ello se ya se instrumentó una colaboración entre los ministerios de Justicia y de Salud de la Nación a fin de realizar los Programas de Capacitación y el Examen de Idoneidad.
Según una estimación del Instituto de Investigación de Obras Sociales (IIDOS-Osdepym), la litigiosidad en salud creció de 1.130 casos en 2011 a 10.900 en 2025, con un 95,7 por ciento de amparos apoyados en medida cautelar y un 89 por ciento de sentencias favorables al actor. “Esto tensiona financieramente a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y distorsiona al sistema en su conjunto”, consideraron.
Ese incremento de las acciones judiciales tuvo que ver básicamente con dos elementos: por un lado, la desregulación del sistema de medicina privada, que en 2024 provocó una ola de amparos por los aumentos de las cuotas, al menos hasta que la SSS intervino y llegó a un acuerdo judicial con las prepagas; y por otro lado, los medicamentos de alto costo, a los que todavía se les debe la tutoría de la anunciada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits), nunca implementada.
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