Mientras dos de los periodistas que difundieron u opinaron sobre los audios editados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, declararon este jueves como testigos ante Carlos Stornelli, el polémico abogado Franco Bindi recusó al fiscal en la causa por supuesto espionaje ilegal contra el Gobierno para tratar de ganar tiempo.
El periodista Jorge Rial declaró que no necesitó ampararse en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que protege el secreto profesional periodístico, porque el 29 de agosto “yo no trabajé” en el Streaming Carnaval y “los audios no pasaron por mis manos”. Rial dijo a Clarín que cuando se incorporó el lunes al Streaming, el juez Alejandro Maraniello, ya había aceptado una cautelar del abogado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, Santiago Viola y ordenado a los medios dejar de difundir los audios.
Por su parte, Federico dijo a Infobae que no declaró como imputado y que se comprometió a entregarla una copia de los audios al fiscal Stornelli. En esa causa también declaró uno de los dos accionistas de Carnaval, Damián Guido Valeri.
El gobierno, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la semana pasada hizo una denuncia de supuesto espionaje ilegal para perjudicarlo en las elecciones del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires que recayó en el juez Julián Ercolini, quien delegó la investigación en Stornelli.
Entre otras medidas de pruebas, Stornelli primero aclaró que no violaría el secreto profesional periodístico ni allanaría la casa de los periodistas, pero pidió estos testimonios y preguntó por cualquier pista que pueda dar con el autor de la filtración dirigida de los audios de Spagnuolo. Federico dijo que hace varios días atrás entregó al fiscal Franco Picardi, quien investiga el supuesto pago de coimas en la ANDIS, un pen drive con 50 audios de Spagnuolo y ahora lo haría con Stornelli.
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El 29 de agosto pasado, durante la transmisión del programa “Data Clave”, en el canal de streaming “Carnaval”, Federico difundió los primeros audios que armaron el escándalo y en base a los cuales el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, hizo una denuncia que impulsa el fiscal Franco Picardi en el juzgado de Casanello.
Pero en la causa del supuesto espionaje ilegal, Bindi -vinculado a espías K y ahora empresario de medios– fundó la recusación de Stornelli en que lo querelló en la causa en que se investigó al Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
“Me presento a interponer oportunamente la recusación. Sin perjuicio que ello, observo el primer escollo en cuanto a la actuación que podría ser interesada del Sr. Fiscal, puesto que se puede coincidir o no con las posturas asumidas en diversas causas, pero de ninguna manera podré afirmar que desconoce el derecho”, dijo en el escrito difundido por fuentes cercanas a Bindi.
Sucede que Bullrich, a través del abogado Fernando Soto, sostuvo que “otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la Diputada Marcela Pagano”. Bullrich también incluyó en la supuesta maniobra a la mano derecha del Chiqui Tapia en la AFI, Pablo Toviggino.
“A modo de ejemplo, el semanario Noticias (Perfil) recuerda su paso por organismos estatales tales como SIGEN y el Ministerio de Seguridad durante los primeros años del kirchnerismo, y reseña su participación como propietario de medios de comunicación Sus antecedentes lo vinculan con el escándalo conocido como “Operativo Puf”, otra presunta operación de inteligencia ilegal”, afirmó Soto en el escrito.
También se ha publicado que “un abogado cuyas iniciales son MRC, socio de Franco Bindi en su estudio jurídico, era otro agente de la SIDE que trabajaba en la dirección de Reunión Interior del ex espía K Fernando Pocino (…) Según los agentes, “esos abogados aparecen en todas las causas del Instituto Patria”.
Estos antecedentes sustentan la hipótesis de que Bindi «dispondría de la motivación y la capacidad para ejecutar una operación de influencia indebida como la que es objeto de la presente denuncia. Por ellos, corresponde determinar a través de la investigación su eventual participación en la obtención, edición y la custodia de las grabaciones; su conexión con los otros actores; así como indagar en la trazabilidad de los dispositivos, los metadatos y las comunicaciones asociadas a las conversaciones divulgadas», finalizó el escrito del ministerio de Bullrich.
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