La fiscal tiene tiempo para presentar la demanda acusatoria hasta el 10 de junio; antes de eso tenía previsto que se realicen al menos dos instancias judiciales

Foto: Francisco Flores
La jueza Marcela Vargas suspendió la audiencia del caso Penadés que había citado para este miércoles. Estaba previsto que declarara como víctima Javier Viana, el hombre que contó que había sido explotado sexualmente por Penadés cuando era menor de edad en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, y Federico Rodríguez, uno de los policías condenados por la trama.
En el decreto, al que tuvo acceso El País, Vargas expuso tres motivos para suspender la audiencia. El primero, es que la defensa del exsenador Gustavo Penadés impugnó la decisión de tomarle declaración en forma anticipada (antes del juicio oral) a Viana. La segunda, fue que la defensa del profesor Sebastián Mauvezín aún está en plazo para impugnar la decisión si así lo quisiera. En último lugar, recordó que la víctima que tiene que declarar vive en España y que para coordinar su declaración se debe «movilizar la cooperación jurídica internacional». En ese sentido, creyó que correspondía suspender la audiencia para no «vulnerar su situación», porque probablemente tendría que aguardar que se desarrollen extensos debates antes de declarar.
Según supo El País, la Fiscalía impugnó el decreto de suspensión y pretende que al menos se cumplan parte de los objetivos para los que estaba propuesta la audiencia.
Esta suspensión cambia el cronograma de la recta final del caso. Este mes va a contar con intensos movimientos en la causa contra Penadés, puesto que la fiscal Alicia Ghione tiene plazo hasta los primeros días de junio para presentar la demanda acusatoria contra el exsenador y contra Mauvezín. Esto significa que, para esa instancia, debe haber concluido la etapa de investigación y tiene que definir cuántos años de pena pedirá y porqué delitos solicitará que se condene luego del juicio.

Francisco Flores
Pero antes de llegar a ese momento, para el que falta aproximadamente un mes. Ghione tenía previsto al menos dos movimientos judiciales, según reconstruyó El País. La toma de declaraciones a la víctima Viana y al testigo Rodríguez, que estaba citada para este miércoles, y la reformalización de los imputados. Esto último implica cambiar la calificación jurídica por la que fueron imputados —aumentar o disminuir la cantidad de delitos— para luego presentar la demanda acusatoria con esa nueva calificación.
Todo eso debería ocurrir antes de la primera semana de junio, que es la fecha en la que se vence el plazo. Sin embargo, Ghione podría pedir a la jueza una extensión de ese plazo hasta el mes de octubre para poder seguir investigando y tomando declaraciones. Pero, reconstruyó El País, la fiscal no quiere solicitarlo y pretende cumplir con el plazo vigente.
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