Mientras el Gobierno nacional señala a los municipios como responsables de la presión fiscal, evita discutir el verdadero problema: un sistema tributario hipercentralizado que asfixia la producción y vacía al federalismo de contenido real.
Con apenas el 5% de la recaudación, los municipios financian todos los servicios urbanos. Culparlos por la relocalización de empresas no es un error técnico: es una maniobra política para esconder dónde está el poder —y el dinero—.
Por Miguel SarediDirigente político – ex diputado nacional (PJ, Provincia de Buenos Aires)
Cuando el Gobierno nacional necesita explicar por qué no hay inversiones, por qué se frena la actividad o por qué las empresas dudan, reaparece un viejo recurso: cargar la responsabilidad sobre las tasas municipales. Es un relato funcional, pero falso. Y sobre todo, profundamente antifederal.
La Argentina no tiene un problema de municipios “caros”. Tiene un problema de Estado nacional voraz, que concentra recursos, define reglas y luego traslada el costo político a los niveles más débiles del sistema.
Los datos son contundentes. El 80% de la recaudación queda en manos del Estado nacional, un 15% en las provincias y apenas un 5% en los municipios. Sin embargo, ese 5% sostiene el 100% de los servicios urbanos que hacen posible la vida económica cotidiana: alumbrado, limpieza, calles, habilitaciones, control comercial, señalización, arbolado, prevención y planificación del territorio.
No hay empresa que funcione en una ciudad sin servicios. No hay inversión posible donde el Estado local está desfinanciado. Y esos servicios no los presta ningún ministerio nacional: los garantizan los municipios, todos los días, con menos recursos y más demandas.
Las empresas no se relocalizan por una tasa municipal. Se relocalizan —o directamente no invierten— por la presión fiscal nacional y provincial, por la falta de infraestructura, por los costos logísticos, por la energía, los peajes, el crédito inaccesible, la inestabilidad macroeconómica y la ausencia de previsibilidad. Ahí está el verdadero problema. Apuntar al 5% municipal es distraer la atención de donde está la responsabilidad política.
Incluso desde el plano jurídico, el discurso oficial hace agua. La Corte Suprema ha sido clara: las tasas municipales son constitucionales cuando existe una contraprestación efectiva, divisible y razonable. Si hay abusos, se corrigen. Pero atacar la existencia misma de las tasas es atacar la autonomía municipal y avanzar contra uno de los pocos espacios de gestión estatal cercanos a la gente y a la producción.
Mientras tanto, el Gobierno mira para otro lado frente a las experiencias internacionales. Países como Estados Unidos o Brasil fortalecen a sus gobiernos locales porque entienden que el desarrollo es territorial. En la Argentina, en cambio, se concentran recursos en el centro y luego se exige competitividad en la periferia. Un modelo que fracasó, y que sigue fracasando.
Defender a los municipios no es corporativismo ni resistencia al cambio. Es oposición al centralismo, es defensa del federalismo real y es una posición política clara frente a un modelo que ajusta abajo y concentra arriba.
Si de verdad se quiere aliviar la presión fiscal y promover inversiones, el camino no es debilitar a los municipios. Es discutir una reforma tributaria integral, redistributiva y federal, que devuelva recursos al territorio productivo y responsabilidades a quien concentra el poder.
La mudanza de empresas dentro del país no se explica con slogans ni con enemigos convenientes. Se explica con decisiones políticas. Y hoy, esas decisiones van en sentido contrario al desarrollo, al federalismo y a la producción.
