El informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que reveló múltiples irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) de Tierra del Fuego en el Puerto de Ushuaia puso en jaque al gobierno de Gustavo Melella, quien rechaza las conclusiones de la inspección técnico-administrativa llevada a cabo entre el 30 de septiembre y el 10 de octubre últimos.
El relevamiento detectó desvíos financieros, faltas de control y deterioro en infraestructura clave, lo que podría comprometer su operatividad. Entre las principales observaciones se destacan inconsistencias bancarias, uso indebido del superávit y fallas graves en la infraestructura operativa.
Transferencia irregular y riesgo en Tierra del Fuego
La inspección fue motivada por una denuncia sindical ante la reciente Ley Provincial Nº 1596, que autorizó la utilización del superávit financiero de la DPP para cubrir deudas de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Según el informe, este desvío fue considerado “un uso arbitrario de fondos públicos sin respaldo legal claro”, lo cual vulneraría el Convenio de Transferencia Nación-Provincia de 1992, que establece la reinversión exclusiva de los ingresos portuarios en infraestructura y operatividad.
La Agencia Nacional de Puertos advirtió que esta práctica, sumada al otorgamiento de préstamos millonarios por parte de la DPP a otras áreas del gobierno fueguino, representa una desnaturalización de su función, y pone en riesgo la sostenibilidad del puerto ubicado en el extremo sur de la Patagonia.
Falencias contables y desvíos financieros sin justificar
Durante la auditoría, se constataron graves inconsistencias bancarias. En la cuenta general de la DPP, la diferencia entre los registros contables y los extractos reales superó los 1.189 millones de pesos y en la cuenta recaudadora del Puerto de Ushuaia la diferencia ascendió a 1.475 millones de pesos. Estas brechas se explican por depósitos no registrados, cheques pendientes de débito y partidas contables históricas no depuradas.
Además, el gasto devengado al 30 de septiembre mostró una altísima concentración en personal (55%) y en activos financieros orientados a préstamos (30%), mientras que las obras portuarias ejecutadas representan apenas el 1,3% del total. Este desequilibrio fue señalado como un riesgo crítico frente a las demandas de inversión que el propio puerto requiere para mantener su operatividad.
Infraestructura deteriorada y obras inconclusas en la Patagonia
La inspección técnica reveló fallas estructurales graves en el Sitio 3 del muelle, con pilotes deteriorados o inexistentes y un tablero superior comprometido. Se recomendó su desafectación inmediata, debido al riesgo para las operaciones portuarias. También se detectaron deterioros importantes en la carpeta de rodamiento del Sector 4, la plazoleta de contenedores y en las defensas del muelle, muchas de ellas con más de 20 años de antigüedad.
En el área de tablestacado, la obra se encontraba inconclusa y no fue posible verificar su estado real por el nivel del agua. También se identificaron deficiencias en los accesos, señalización y zonas de control, afectando la seguridad general de la instalación.
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Desde el punto de vista legal, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación recordó que posee competencias para fiscalizar la actividad portuaria según la Ley de Actividades Portuarias Nº 24.093 y su decreto reglamentario. En este marco, se indicó que las transferencias de superávit financiero a otros organismos podrían constituir un incumplimiento de las obligaciones asumidas por la provincia de Tierra del Fuego en el convenio de transferencia del puerto.
La Agencia también alertó sobre la falta de documentación crítica: no se entregaron los detalles de ingresos ni órdenes de compra vigentes y el sistema de gestión económica no está unificado, lo que impide una visión integral de la situación financiera de la DPP.
Llamado urgente a la reestructuración
En su conclusión, el organismo nacional recomendó priorizar las inversiones en infraestructura, establecer un sistema contable integrado y suspender las asistencias financieras a terceros hasta tanto se garantice el equilibrio presupuestario. La inspección también sugirió reforzar los controles de seguridad, actualizar los registros y avanzar con el plan de mantenimiento integral.
“La DPP ha cumplido un rol de financiamiento que excede sus funciones”, sostiene el informe y advierte que, de continuar con esta tendencia, el Puerto de Ushuaia podría enfrentar serias dificultades para mantener su operatividad frente al crecimiento del tráfico y la demanda logística.
Pese a lo detallado del informe de 61 páginas, el gobernador Melella calificó de “tendencioso” al trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y consideró que se trata de una “maniobra política desde Buenos Aires con claros fines electorales”, a raíz de su publicación a días de las elecciones nacionales.
