“Cambiamos el paradigma”. Así califica el secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort, una de las operaciones tecnológicas más importantes que el Govern ha puesto en marcha durante esta legislatura para conectar sus más de 6.000 sedes a la red de fibra óptica de titularidad pública. Con esta nueva estrategia la administración catalana quiere tener más control y autonomía sobre esta infraestructura, además de ganar en seguridad y mejorar sus prestaciones con internet a alta velocidad para adaptarse a los futuros y exigentes retos digitales. Otro objetivo responde a criterios económicos a fin de reducir los costes actuales.
Hoy en día, la mayoría de estos equipamientos están enchufados a través de diferentes contratos con las operadoras mediante el alquiler de la infraestructura. La administración ha decidido ahora dar este paso tras preparar el terreno y acelerar otro de sus proyectos más relevantes tecnológicos superando el despliegue de 8.000 kilómetros de fibra óptica pública para este año en toda Catalunya y alcanzar el 100% del territorio catalán con un punto de acceso a la red de alta velocidad antes de concluir este mandato.
Para hacerse una idea de la magnitud del proyecto, hay 745 sedes conectadas actualmente a internet con gran ancho de banda a través de una concesión mediante la empresa pública Xarxa Oberta de Catalunya. Y con este proyecto se prevé que un total de 5.419 equipamientos usen la nueva red, conocida internamente como XCat Connecta. En su mayoría, se trata de escuelas e institutos- 2.381-, pero también hay instalaciones consideradas sensibles como los hospitales y centros de atención primaria –812- o hasta 78 comisarías. Además, esta actuación afecta a dependencias públicas como los 923 juzgados de paz, 140 parques de bomberos, 93 edificios administrativos o 111 casals cívicos que dependen de la Generalitat.
Otro de los argumentos esgrimidos del Govern para sacar adelante esta operación es el ahorro económico. Según sus cálculos, supondría una reducción del gasto del 40%, pasando de los 32,60 millones previstos para este año a los 18,82 millones anuales a partir de 2031, es decir, una reducción de unos 13,78 al año.
En cuanto al calendario, se estima que los primeros equipamientos empiecen a utilizar la red pública a partir de 2026 y se hará de forma progresiva con el objetivo de que todas las sedes de la Generalitat estén conectadas a la nueva infraestructura en 2031. Este proyecto se desplegará a través de tres licitaciones con una inversión de 200,92 millones. A principios de la semana pasada, los responsables de telecomunicaciones de la administración catalana explicaron estas novedades al sector en la sede del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).
Centro de procesamiento de datos en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
Miquel Muñoz / Shooting
Las operadoras podrán optar a este concurso pero la titularidad será pública. Así, habrá un primer contrato, con un valor estimado de 152,52 millones, destinado a la gestión del servicio de conectividad extremo a extremo, a realizar los trabajos de apoyo para el tendido del cable y a las obras necesarias para conectar los puntos de servicio a la red, entre otras tareas. Otra licitación por 33,36 millones incluirá el mantenimiento de la infraestructura y una tercera última con un coste de 15,04 millones servirá para ayudar en la migración hacia el nuevo modelo. Una de las novedades es que se abre la opción a que varias empresas se puedan presentar de forma conjunta para gestionar algunos de los servicios al ser necesario diferentes perfiles.
El Govern prevé que el concurso de conectividad y despliegue de la red se adjudique el cuarto trimestre de 2025 para que su ejecución comience en 2026 con un primer paquete de mil sedes e ir incorporando otro millar anualmente hasta completar todas en 2031. De forma paralela, se habilitará una oficina para coordinar la puesta en marcha de esta infraestructura entre todos los actores implicados.
“Reduciremos más de 6.000 contratos, cada sede está conectada a su manera, a uno único que licita la Generalitat con una infraestructura propia que tiene que ser más resiliente y ha de permitir que la conectividad llegue a todos los rincones del país”, destaca Albert Dalmau, el conseller de Presidència de la Generalitat. “Es una decisión estratégica y un cambio sustancial, además de ser pionero en España y en Europa con la virtualización de la red que permite adaptarnos al tráfico a las necesidades de las sedes en cada momento. Tendremos una mayor soberanía tecnológica, una mayor seguridad y unas mejores prestaciones”, añade Tort.
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¿Cómo afectará de forma concreta todo esto a los servicios públicos y a la ciudadanía? Los responsables del Govern comentan que se mejorará la seguridad para proteger la información ante los ciberataques. Por ejemplo, la infraestructura se ha diseñado para incorporar capacidades de encriptación cuántica en las comunicaciones. Por otro lado y con la mente puesta en el futuro, la red se preparará para soportar la tecnología más puntera, desde el 5G a la inteligencia artificial. Además, permitirá una mayor flexibilidad y una conexión más rápida.
Cristina Campillo, directora general d’Infraestructures Digitals de la Generalitat, detalla que si un centro de investigación tiene una demanda concreta de más datos a los habituales podrá incrementarlos en unos cuantos clics. También pone como ejemplo que durante la pandemia alrededor de 1.200 escuelas necesitaron aumentar su conectividad de entre 300 y 500 megas a una giga, algo que costó unos tres meses en hacerse efectivo y cuatro millones adicionales al presupuesto anual.
“El control de la red nos dará mucha seguridad, más autonomía y estará centralizada, lo que nos permite soñar con más capacidades y prestaciones en el conjunto de los servicios públicos de Catalunya con un gasto sostenible”, concluye Campillo.
