El Senasa tomó esta medida tras recibir solicitudes de las autoridades provinciales patagónicas, que expresaron la necesidad de contar con un plazo adicional para ajustar sus protocolos y asegurar que la transición hacia las nuevas condiciones sanitarias se realice de manera efectiva y sin inconvenientes. La prórroga busca facilitar la adaptación a la normativa sin afectar la producción ni el comercio regional, especialmente en un contexto donde las particularidades de la Patagonia requieren un enfoque diferenciado.
En este marco, se convocará a una Mesa de Diálogo y Trabajo, un espacio que reunirá a representantes de las provincias patagónicas, el sector agropecuario y autoridades nacionales. Esta mesa operará dentro del ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) del Ministerio de Economía de la Nación, y su objetivo será establecer los lineamientos y los mecanismos necesarios para la correcta implementación de la medida.
El foco de esta mesa será garantizar una transición ordenada en la aplicación de la Resolución N° 180/2025, priorizando el cumplimiento de los estándares sanitarios establecidos por el Senasa sin que se vean comprometidos ni la producción ni las relaciones comerciales dentro del mercado interno. Se espera que este espacio de trabajo permita generar consensos y soluciones conjuntas entre las autoridades y los sectores involucrados, facilitando una adaptación gradual a las nuevas condiciones sanitarias.
La decisión de prorrogar la vigencia de la medida se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno nacional por fortalecer la seguridad sanitaria del país y mantener el estatus de zonas libres de fiebre aftosa, un aspecto clave para la exportación y la competitividad del sector cárnico argentino.
Esta prórroga ofrece a las provincias de la Patagonia el tiempo necesario para ajustarse a los requerimientos sanitarios, lo que también contribuirá a asegurar la continuidad del desarrollo agropecuario en una región clave para la producción de carne y otros productos derivados de la ganadería. La implementación gradual de estas normativas contribuirá a mantener los estándares de calidad sin afectar los intereses productivos ni los comerciales en el mercado interno.
Así, la prórroga de 90 días establece un nuevo plazo para la entrada en vigor de la normativa, generando un escenario de previsibilidad para los productores y comerciantes del sector, al tiempo que se afianza la política sanitaria nacional.
