Redacción El País
Los generadores privados de energía eléctrica se encontraron con una noticia que los sorprendió y genera preocupación entre los operadores, luego de que el directorio de UTE decidiera por mayoría dejar sin efecto la extensión de un contrato por US$ 98 millones con la empresa Fenirol SA, privada que proveía al ente autónomo de energía renovable generada a partir de biomasa de madera y cáscara de arroz.
La ampliación de la contratación de Fenirol SA, ubicada en el departamento de Tacuarembó, se había establecido por un período de 12 años y por un monto de US$ 97,8 millones. Anualmente, UTE iba a pagar a la empresa US$ 8 millones. Sin embargo, el contrato venció el pasado sábado 5 de julio, el directorio de la empresa resolvió no extenderlo y la firma debió parar su operación.
El presidente de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augppe), Martín Bocage, recordó que muchas inversiones que se hicieron para la primera transición energética “tienen una vida útil más larga” que los contratos que se firmaron.
“Un parque eólico o una planta de biomasa tienen costos de conexión que ya se hicieron. Si hay que desmantelarlo por el fin de un contrato ese dinero se pierde. Lo que hay que buscar es que esa infraestructura se optimice y siga agregando valor al sistema eléctrico aunque los contratos finalicen. Se tienen que sentar las partes para llegar a acuerdos. Hay dos formas de hacerlo: se extienden los contratos o se hace una apertura mayor del mercado mayorista para que el generador pueda comercializar su energía”, puntualizó.
Pese a la resolución tomada por el directorio de no renovar, los puentes de negociación persisten entre el gobierno y ejecutivos de la empresa, por lo que hasta ahora no está dicha la última palabra, confiaron a El País fuentes de ambas partes que hasta el momento han preferido evitar las declaraciones públicas.
“Un muy buen negocio”
En este contexto, los generadores privados reivindican a partir de dos informes elaborados (uno por la consultora Exante y otro por la firma especializada en asesoramiento del mercado energético Clerk), el rol que han cumplido en los últimos 15 años en la mejora del sistema nacional, en particular en la incorporación de energías renovables a la matriz energética.
Bocage dijo que la conclusión a la que llegaron los trabajos —utilizando varias metodologías—es que el Costo de Abastecimiento de la Demanda (CAD) bajó casi un 50% (el gasto de generar la energía que se consume en el país) desde que se comenzó con la primera transición energética entre 2010 y 2011.
“Esa baja en los costos permitió a UTE tener mejores flujos de dinero. Gracias a esa mejora en su caja se recompusieron los estados financieros de la empresa pública y permitió mejorar sus márgenes de utilidades. En el periodo anterior a la renovable, tomado de 2007 a 2011, la rentabilidad de UTE era muy baja en su comparación histórica. El margen operativo era del 4% y sube a casi el 20% en el período pos. Ese cambio se explica por estas inversiones en energías renovables. UTE hizo un muy buen negocio”, defendió Bocage.
Con respecto a sobreprecios que pudo haber pagado UTE por la generación de energía eólica a privados, denunciado por antiguos directores del ente como el exrepresentante de Cabildo Abierto Enrique Pées Boz, el dirigente empresarial afirmó que este análisis “tira por tierra todo eso”.
En esta línea, Bocage aseguró que la mejora de la eficiencia en la producción de energía eléctrica permitió a UTE también reducir la tarifa.
“Si no se hubiesen hechos estas inversiones, por cómo estaban los estados financieros de UTE, probablemente en algún momento la tarifa habría subido para que la empresa mantenga una rentabilidad mínima. No solo no subieron, sino que bajaron. Considerando la distintas categorías de consumidores lo hicieron en el entorno del 10% según el informe de Exante”, resumió.
“En la comparativa regional de tarifas Uruguay está a mitad de tabla para los consumidores no residenciales. Más del 90% de la energía eléctrica que producimos es de origen renovable producto de la muy buena sinergia entre el sector público y privado. Eso deberíamos usarlo, al igual que lo hacemos con la estabilidad política e institucional, para salir a vendernos como país a la hora de atraer inversiones”, valoró Bocage.
Según datos de AUGPEE, el sector privado genera el 40% de la demanda de energía eléctrica del país y estiman que se ha hecho una inversión de más de US$ 4.000 millones.
El gremio empresarial fue fundado en 2007 y representa en la actualidad a unas 30 empresas que operan 50 plantas con una capacidad de generación eléctrica de 1.920 megavatios (MW).
Más potencia instalada
Según consigna el informe presentado por Exante, al que accedió El País, en los últimos 15 años Uruguay duplicó su potencia instalada y “destaca a nivel global por su muy elevada proporción de generación eléctrica con fuentes renovables”. Además, agrega, hubo un “abaratamiento muy significativo en el costo de abastecimiento”.
Mientras el costo neto de la demanda interna fue en promedio de US$ 597 millones entre 2007 y 2011, entre 2015 y 2024 fue de US$ 502 millones. Un 16% menos en dólares y 39% menos en términos reales, señala la consultora.
“Ese abaratamiento, junto con una mayor eficiencia en el consumo residencial y para usos productivos, hizo que el costo de abastecimiento también cayera en relación al tamaño de la economía (en promedio anual 1% del PIB). Las tarifas medias en términos reales bajaron 10%”, señala el documento.
