Con el argumento de que se trataba de una reestructuración en el área de transporte y vialidad, el 8 de julio el Gobierno nacional -a través del Decreto 461/2025– dispuso la disolución de tres organismos: la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
Pero el decreto ya fue objetado en parte por la Justicia. La semana pasada, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional – Casa Central (SEVINA) y por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.
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El gobierno anuncia el cierre definitivo de Vialidad Nacional
La misma suerte podría correr ahora la Agencia Nacional de Seguridad. Este miércoles, el exdirector ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, presentó un recurso de amparo para frenar la disolución del organismo.
La acción judicial, patrocinada por el doctor Federico Paruolo, plantea la inconstitucionalidad del decreto presidencial por considerarlo violatorio de derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como el derecho a la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley.
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🚨 URGENTE | Presenté un recurso de amparo para frenar la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (@ANSV_Ar ), decretada por el gobierno de Milei en una decisión criminal que costará vidas.
👇 Abro hilo. pic.twitter.com/JDQMeTuVoG— Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) July 30, 2025
“Cerrar la ANSV no es una mera cuestión administrativa: es un acto de crueldad y una decisión criminal. Como exdirector que conoció de cerca a sus trabajadores, recorrió las 23 provincias y trabajó con cada una de ellas, no puedo quedarme callado. Por respeto a las familias que perdieron seres queridos en las rutas y convirtieron su dolor en lucha, y porque la ANSV logró reducir en un 30% las muertes por siniestros viales desde su creación, tengo el deber moral de intentar que la Justicia ponga un límite a esta locura del presidente Milei”, explicó Martínez Carignano.
Y agregó: “La eliminación de la ANSV multiplicará las muertes viales, debilitará la coordinación federal y el control del tránsito, y desmantelará una política pública que salvó miles de vidas. Es retroceder 20 años en la lucha contra la violencia vial”.
Entre los fundamentos jurídicos se destacan:
- Ilegalidad manifiesta del decreto, que excede las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y viola el principio de legalidad, la división de poderes y la reserva de ley.
- Violación de derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la salud y la seguridad vial como deber indelegable del Estado.
- Afectación directa del interés público, dado que el cierre de la ANSV pone en riesgo políticas esenciales para prevenir siniestros viales, especialmente en un país donde los hechos de tránsito son la principal causa de muerte en menores de 35 años.
- Asimismo, el amparo solicita una medida cautelar urgente que suspenda los efectos del decreto hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Un segundo amparo contra el cierre de la ANSV podría ser solicitado por sus empleados. Evangelina Galiani, vocera de las y los empleados autoconvocados de la ANSV, alertó que tras el cierre de la agencia 708 personas se quedaron sin trabajo.
Y confirmó que realizarán dos acciones, una vía judicial con la presentación de una medida cautelar, y otra en el Congreso, exigiéndole a las y los legisladores que declaren la inconstitucionalidad del decreto.
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