Sin especificar plazos ni indicios de quién podría ser su candidato, el presidente Javier Milei anticipó durante su discurso ante la Asamblea Legislativa que enviará al Senado el pliego del futuro Procurador General de la Nación. Es un cargo vitalicio, con intervención ante la Corte Suprema y cuyo pliego requiere de una mayoría especial de la Cámara alta para ser aprobado.
Tras la polémica generada por la nominación por decreto de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para ocupar las vacantes en la Corte y algunos trascendidos en los últimos días, creció la inquietud acerca de la posibilidad de que Milei pueda recurrir al mismo mecanismo para nominar al nuevo procurador, cargo que ocupa Eduardo Casal en carácter de interino desde hace 9 años.
Esa alternativa, sin embargo, fue desestimada en las últimas horas desde la propia Procuración General, donde advirtieron -ante las consultas de Clarín- que el Ministerio Público Fiscal “cuenta con una Ley de Sucesión ante la renuncia, ausencia, del Procurador que indica quién debe ocupar el cargo hasta que se cumplan las instancias de designación”. De esa manera, según consideran quienes conocen la normativa en detalle, de haber un decreto de designación como ocurrió con los candidatos para la Corte, “eso modificaría la Ley que rige al Ministerio Público Fiscal”.
Asimismo, trazaron otras diferencias respecto a los nombramientos en el máximo tribunal. «Los jueces de la Corte actúan como tribunal colegiado, en cuanto que el Procurador es él sólo quien determina el desarrollo del Ministerio Público Fiscal”, indicaron.
También remarcaron que el Procurador “interviene durante todo el proceso de investigación, delineando la política criminal, criterios que son trasladados a los fiscales, en tanto que la Corte es instancia de revisión”.
Bajo esos criterios consideran que el Gobierno, de continuar sin los acuerdos necesarios en el Senado, tiene trabas incluso normativas para acogerse a la utilización de un decreto para cubrir el cargo del Procurador.
El cargo de los fiscales requiere de una mayoría agravada de la Cámara Alta para ser aprobado, esto es dos tercios del cuerpo deliberativo. En números, son 48 votos de los cuales 34 corresponden a la banca de Unión por la Patria.
Este sábado, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente volvió a apuntar sobre las vacantes en el ámbito judicial. “No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia independiente, pero efectiva. Y la Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”, señaló el Jefe de Estado.
Para dar fuerza a su argumento se centró en la cantidad de cargos vacantes: habló de un 40%. Sin embargo, las cifras oficiales publicadas por el Consejo de la Magistratura refieren a un 30,5% de despachos de jueces federales y nacionales sin cubrir.
El número expone la mayor crisis del Poder Judicial de los últimos diez años. Sin embargo, durante todo el 2024 el gobierno de La Libertad Avanza no designó a ningún juez pese a tener el Ministerio de Justicia 222 pliegos en sus manos.
El Gobierno aseguró -como contó Clarín-, que se enviarán los pliegos de jueces, fiscales y defensores. Y entre los cargos que pretende cubrir se encuentra el del Procurador General de la Nación, el jefe de todos los fiscales.
Hace nueve años que en ese cargo se desempeña Eduardo Casal en carácter de interino, después de que Alejandra Gils Carbó -procesada por hechos de corrupción-, renunció a su cargo. La ley que rige al Ministerio Público Fiscal sostiene que el cargo será cubierto por la persona de mayor antigüedad, motivo por el cual Casal quedó frente al MPF.
Durante los últimos dos gobiernos, pese a que Mauricio Macri y Alberto Fernández eligieron candidatos para este puesto de relevancia, nunca lograron el acuerdo requerido: después de un tiempo los pliegos de Inés Weinberg de Roca y Daniel Rafecas fueron retirados del Senado.
Ahora, la Casa Rosada quiere revertir esa dinámica y lograr la designación del Procurador. El antecedente reciente, sin embargo, no es el más auspicioso: el Presidente no logró que el Senado, en período de sesiones extraordinarias, apruebe los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que integren la Corte, por lo que fueron nominados por decreto.
“Es una potestad del Presidente de la Nación designar al Procurador”, fue la reacción dentro del Ministerio Público Fiscal ante el anuncio del sábado. De todos modos, fuentes de la Procuración remarcaron que “hace nueve años se realiza un trabajo serio y responsable, el cargo está vacante porque la política no logró en todo este tiempo ponerse de acuerdo”.
