El 1° de septiembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de un intento de asesinato que marcó un quiebre en la vida política argentina. Tres años después, el recuerdo de aquel hecho resuena en un país atravesado por el ajuste, la criminalización de la protesta social y una creciente polarización política.
El 1° de septiembre de 2022, la exvicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue víctima de un intento de asesinato en la puerta de su casa.
Fernando Sabag Montiel gatilló a centímetros de su rostro con una pistola que milagrosamente no se disparó. El hecho fue calificado por el entonces presidente Alberto Fernández como “el más grave desde el regreso de la democracia”.
La causa judicial avanza con denotada lentitud: la fiscalía solicitó 15 años de prisión para Montiel y 14 para su cómplice Brenda Uliarte. En simultáneo, Cristina Fernández declaró como víctima y reclamó investigar no solo a los autores materiales sino también a los posibles ideólogos y financistas del ataque. Entre ellos, Gerardo Milman, diputado del PRO, imputado en una causa residual que investiga las posibles conexiones políticas con el atentado.
Hoy, tres años después, el intento de magnicidio adquiere una dimensión simbólica potente frente a un país atravesado por profundas tensiones políticas y sociales.
Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei viene implementando un ajuste fiscal que impacta de manera directa en educación, salud, ciencia, cultura y desarrollo social, acompañado de la eliminación y vaciamiento de organismos clave como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el INADI.
En paralelo, se intensifica la criminalización de la protesta social: allanamientos a comedores populares y domicilios de referentes comunitarios, junto con procesamientos judiciales de dirigentes sociales, que generan un clima de temor y un creciente cercenamiento a derechos fundamentales.
La polarización política, que ya había marcado el escenario durante la presidencia de Fernández, se profundizó. La Corte Suprema confirmó la condena en la causa Vialidad contra Cristina Fernández, mientras Milei, en actos públicos, utiliza lemas que equiparan al kirchnerismo con el terrorismo de Estado, reviviendo tensiones históricas y ampliando la grieta.
Y no solo eso. Las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, vinculadas a allegados del presidente, entre ellos, su propia hermana, Karina Milei, muestran un escenario donde la impunidad y los conflictos de interés se intersectan con la disputa política.
A tres años del atentado, la memoria de aquel hecho sigue vigente no solo como símbolo de violencia política, sino también como advertencia sobre la fragilidad institucional de la Argentina actual.
La convergencia de impunidad, ajustes económicos y persecución judicial plantean un desafío clave: la defensa de la democracia exige no solo recordar el pasado, sino también exigir transparencia, justicia y protección de los derechos sociales que hoy están en riesgo.
