En un país donde la memoria ambiental debería ser sagrada, el gobierno nacional ha habilitado la vía libre para la urbanización en los Parques Nacionales de la Patagonia. A través de la Resolución 300/2025, publicada el 29 de septiembre, la Administración de Parques Nacionales modificó los indicadores urbanísticos que protegían zonas de alto valor ecológico, simbólico y comunitario.
Lo que se presenta como una «modernización técnica» es, en realidad, un desarme normativo que habilita la expansión inmobiliaria en territorios que deberían permanecer intangibles. Se amplía la superficie edificable, se flexibilizan los criterios de ocupación del suelo, y se permite infraestructura turística en áreas como Villa Mascardi, Lago Hermoso, Isla Victoria y península Quetrihué.
La Resolución 300/2025 no es un ajuste administrativo menor. Es una refundación del concepto mismo de Parque Nacional. Donde antes regía el principio de intangibilidad ecológica —consagrado en la Ley 22.351 de Parques Nacionales—, ahora se impone una lógica de mercantilización territorial.
Lo más grave: esta resolución se aprobó sin las audiencias públicas que exige la legislación ambiental, violando el derecho a la participación ciudadana consagrado en la Ley General del Ambiente (25.675) y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que Argentina ratificó en 2021 y que garantiza el acceso a la información y la participación en decisiones ambientales.
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Historia de un despojo anunciado: de Menem a Milei
Esta no es la primera vez que los Parques Nacionales argentinos son objeto de saqueo. En los años 90, bajo la presidencia de Carlos Menem y con María Julia Alsogaray al frente de la Secretaría de Recursos Naturales, se privatizaron concesiones turísticas en áreas protegidas. El caso emblemático fue la entrega del hotel Llao Llao en Bariloche y las concesiones en el Parque Nacional Iguazú, operaciones teñidas de escándalos de corrupción y sobreprecios.
Pero hay una diferencia fundamental entre aquel proceso y el actual: Menem privatizaba la gestión de servicios turísticos dentro de espacios que seguían siendo públicos. Milei va más allá: urbaniza el suelo mismo, habilitando la apropiación privada del territorio.
El modelo de los 90 decía: «el Estado es ineficiente, que los privados administren mejor los recursos públicos». El modelo actual proclama: «el Estado no debe existir, que el mercado disponga libremente del territorio». Es el salto del neoliberalismo clásico al ultraliberalismo desregulador.
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El prólogo de Los Alerces: cuando el desalojo prepara el negocio
Hace poco más de un año, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador de Chubut Ignacio Torres protagonizaron un operativo mediático en el Parque Nacional Los Alerces. Presentado como un «desalojo de usurpadores» y acto de recuperación de soberanía, la escena fue cuidadosamente coreografiada: helicópteros, fuerzas de seguridad, declaraciones encendidas sobre el Estado de derecho.
Lo que se ocultaba era el verdadero objetivo: despejar el territorio para futuros emprendimientos inmobiliarios y turísticos. Las familias mapuche-tehuelche desalojadas habitaban esas tierras desde antes de la creación del propio Parque Nacional, en 1937. Muchas de ellas tienen reclamos territoriales históricos amparados en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que Argentina ratificó en 2000 y que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada antes de cualquier medida que afecte sus territorios.
Ese convenio fue sistemáticamente ignorado. No hubo consulta, no hubo diálogo, no hubo reparación histórica. Hubo represión, criminalización mediática y despojo.
Hoy, esa misma zona aparece entre las áreas habilitadas para urbanización en la Resolución 300/2025. La coincidencia no es casual: el desalojo fue el prólogo necesario de una reconfiguración territorial que combina simulacro político, violencia estatal y especulación inmobiliaria.
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Lo que está en juego: biodiversidad, agua y soberanía
Los Parques Nacionales patagónicos no son postales turísticas. Son reservorios críticos de biodiversidad, reguladores del ciclo hídrico, y territorios de memoria histórica y cultural.
Biodiversidad amenazada: Las áreas afectadas por la Resolución 300/2025 albergan bosques de lengas, ñires, coihues y arrayanes, ecosistemas que tardaron milenios en configurarse y que no pueden ser «reubicados» ni «compensados». En esos bosques habita fauna silvestre en situación de vulnerabilidad: el huemul sur andino (en peligro crítico de extinción), el huillín o nutria de río patagónica, el pato de torrente, el cóndor andino. La urbanización fragmenta corredores biológicos, interrumpe ciclos reproductivos y genera contaminación lumínica, sonora y de cursos de agua.
Agua dulce en riesgo: La Patagonia es uno de los territorios con mayor disponibilidad de agua dulce del planeta, un recurso cada vez más escaso y geopolíticamente estratégico. Los lagos, ríos y arroyos de los Parques Nacionales son la reserva hídrica de comunidades enteras. Su contaminación o privatización no es solo un problema ambiental: es una cuestión de soberanía nacional.
Despojo de comunidades originarias: Para los pueblos mapuche-tehuelche, estos territorios no son «áreas naturales protegidas» en sentido occidental, sino espacios de vida, memoria y espiritualidad. Hablan de Itrofill Mongen (biodiversidad), de Mapu (territorio como entidad viva), de Küme Mongen (buen vivir en equilibrio con la naturaleza). La urbanización de los Parques es, para ellos, una continuidad de la Campaña del Desierto: el mismo genocidio, con otros métodos.
¿Quiénes ganan? La trama económica detrás de la resolución
No es difícil imaginar quiénes serán los beneficiarios de esta apertura territorial. No serán familias sin techo ni cooperativas comunitarias. Serán desarrolladores inmobiliarios, grupos de inversión extranjeros, empresas turísticas de lujo y millonarios en busca de refugios exclusivos en la Patagonia.
El mercado inmobiliario patagónico se ha revalorizado exponencialmente en la última década. Un terreno con vista a un lago andino en Villa La Angostura o Bariloche puede cotizarse en millones de dólares. La posibilidad de construir dentro de un Parque Nacional —con el plus simbólico de «exclusividad» y «contacto con la naturaleza»— multiplica ese valor.
Ya existen antecedentes: en 2021, se denunció que Joe Lewis, el magnate británico dueño de tierras en Lago Escondido (Río Negro), había intentado expandir sus dominios hacia zonas de Parques Nacionales. En 2023, se filtraron documentos que mostraban el interés de fondos de inversión estadounidenses en «oportunidades de desarrollo turístico sustentable» en la Patagonia argentina, eufemismo para referirse a proyectos de hotelería de lujo en áreas protegidas.
La Resolución 300/2025 allana el camino legal para que esos intereses se concreten. Transforma el conflicto de un problema ético-ambiental en un trámite administrativo.
Resistencias y alternativas: la defensa es posible
Este desastre no es inevitable. Existen organizaciones, comunidades y ciudadanos que están resistiendo y construyendo alternativas.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche, la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), y la Multisectorial en Defensa de los Parques Nacionales ya han presentado recursos de amparo contra la Resolución 300/2025, solicitando su suspensión cautelar y posterior anulación.
Guardaparques que aún quedan en pie —tras las cesantías masivas del primer semestre de 2024— han advertido públicamente sobre la imposibilidad de fiscalizar y proteger territorios cada vez más grandes con equipos cada vez más reducidos. Su palabra técnica debería ser escuchada: ellos conocen el territorio, sus fragilidades, sus ciclos. Su vaciamiento no es casual: es parte de la estrategia de desguace.
Experiencias internacionales demuestran que la gestión comunitaria de áreas protegidas es más efectiva que la privatización. En Costa Rica, el sistema de Parques Nacionales funciona con co-manejo entre el Estado y comunidades locales, generando conservación efectiva y distribución equitativa de beneficios turísticos. En Nueva Zelanda, el Parque Nacional Te Urewera fue reconocido como entidad legal con derechos propios, gestionado por el pueblo Tūhoe en alianza con el Estado. Estos modelos no son utopías: son políticas públicas concretas que demuestran que conservación y justicia social pueden ir de la mano.
¿Qué podemos hacer?
Este desastre no debe quedar en silencio. Como ciudadanos, artistas, educadores, científicos y defensores del bien común, podemos:
