Un tribunal de Guatemala absolvió este viernes a un exfiscal anticorrupción acusado de haber incumplido sus deberes, en un juicio criticado por la comunidad internacional, pero seguirá preso por otras polémicas causas.
Decenas de fiscales anticorrupción y jueces han sido detenidos o se han exiliado desde 2022 cuando iniciaron acusaciones contra ellos de parte de la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por «corrupta» y «antidemocrática».
La Fiscalía fue incapaz de acreditar la acusación contra el exfiscal Stuardo Campo, «por lo que no me queda más que absolver», declaró la jueza Magda Martínez.
La jueza «ha dictado una sentencia justa […], se nos absuelve por el delito que habíamos sido acusados de forma injusta», dijo Campo tras el fallo, recibido con aplausos por familiares y amigos presentes en la audiencia.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, se congratuló por el fallo. «No había pruebas, solo persecución política» contra él, escribió en la red X.
La delegación de la Unión Europea en Guatemala también saludó en X el fallo: «hoy la Justicia da un paso esencial en favor de Stuardo Campo, quien ha sufrido la criminalización de parte actores antidemocráticos».
Campo fue jefe de la Fiscalía contra la Corrupción de 2016 a 2021 y luego fue destinado por Porras a la unidad de tráfico de migrantes.
Fue acusado de incumplir sus deberes por supuestamente haber solicitado el arresto de una persona equivocada en una investigación sobre una red de tráfico de migrantes, en agosto de 2022. La Fiscalía no logró probar la acusación.
Campo, quien está preso desde el 25 de mayo de 2023, seguirá en la cárcel por otras dos polémicas causas en su contra, una de ellas por supuestas anomalías en las pesquisas en un caso de corrupción en la construcción de una carretera.
Porras ha abierto causas a decenas de funcionarios de justicia que investigaron sonados casos de corrupción, a quienes acusa de abuso de autoridad. Esto ha motivado a muchos de ellos a exiliarse para no ir a prisión.
La fiscal general también intentó evitar que Arévalo asumiera el poder en 2024, al abrir investigaciones contra su partido Semilla y sobre las elecciones ganadas por el socialdemócrata en 2023.
Porras tiene mandato hasta mayo de 2026, pero Arévalo busca medidas legales para destituirla al carecer de facultades para removerla del cargo.
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