El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) declaró este lunes que el presidente Bernardo Arévalo ganó las elecciones de 2023 y descartó suspenderlo de su cargo, luego que un juez a pedido de la fiscalía anuló el partido que lo llevó al poder.
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Después de que Arévalo ganó los comicios, la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, abrió investigaciones contra su partido Semilla que pusieron en jaque su investidura en enero de 2024.
Esta disputa se recrudeció el viernes, cuando el polémico juez Fredy Orellana ordenó al TSE, por pedido de la fiscalía, que suprimiera al grupo que formó a Semilla, algo que el presidente interpreta como revocar los cargos de los funcionarios elegidos de esa agrupación.
Para el mandatario socialdemócrata, la decisión del juez es como un nuevo intento de «golpe de Estado» de la fiscalía en su contra, como el que denunció en 2023.
Sin embargo, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, aclaró que los cargos elegidos en las urnas no pueden ser revocados, a pesar de que Semilla fue suprimido, tal y como lo estableció la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país.
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«Para mí el tema está concluido, lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia que se respetan los resultados y los cargo que fueron adjudicados», indicó Alfaro en rueda de prensa.
En un mensaje por televisión, Arévalo calificó el domingo al juez Orellana como «un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras» y llamó a la comunidad internacional a «no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo» en Guatemala.
Bernardo Arévalo hablando durante un acto de gobierno este domingo en Ciudad de Guatemala. Foto:EFE
Además, solicitó a OEA que convoque a una sesión extraordinaria para exponer «las graves amenazas» a la «democracia» por las acciones de Porras y Orellana, quienes están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por «corruptos» y «antidemocráticos».
Porras ha pedido en varias ocasiones retirar la inmunidad del presidente para investigarlo por supuesta corrupción, pero la justicia no ha resuelto estas solicitudes.
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Arévalo carece de las facultades para remover a Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, pero ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla que tampoco han avanzado.
