Con una serie de órdenes ejecutivas firmadas en sus primeros meses de Gobierno, el presidente Donald Trump ha redefinido el enfoque de Estados Unidos hacia la economía digital. Al acoger abiertamente el uso de criptomonedas, activos digitales y tecnologías blockchain, su Administración no solo representa un giro radical respecto a la del expresidente Joe Biden, sino que envía un mensaje claro al mundo: los activos digitales son una prioridad estratégica.
América Latina debe prestar especial atención a esta nueva agenda estadounidense. Si bien no está exenta de desafíos, representa una oportunidad histórica para avanzar hacia una economía digital moderna, inclusiva y competitiva. En una región marcada por altos niveles de informalidad, baja bancarización y fuerte dependencia de exportaciones primarias, las herramientas de la Web-3 podrían convertirse en el catalizador de una nueva etapa de desarrollo.
El 23 de enero pasado, Trump dio una fuerte señal al firmar una orden ejecutiva titulada “Fortaleciendo el Liderazgo Americano en la Tecnología Financiera Digital”. La prontitud con la que fue expedida —apenas dos días después de su posesión— muestra la prioridad que el presidente le da a este tema en su agenda económica. En ella, además de reconocer el papel “crucial” de los activos digitales en el crecimiento económico del país, revoca la orden ejecutiva de su antecesor, que buscaba frenar el desarrollo de criptomonedas y avanzar hacia una moneda digital emitida por el banco central (CBDC, por sus siglas en inglés), cuya creación queda expresamente prohibida.
Un componente central de esta orden es la creación del Grupo de Trabajo Presidencial sobre los Mercados de Activos Digitales, encargado de diseñar un marco regulatorio integral que deberá ser presentado antes del próximo 22 de julio. En este grupo participan algunas de las figuras más influyentes en la política económica estadounidense, incluyendo los secretarios del Tesoro, Comercio, Justicia y Seguridad Nacional, así como las cabezas de la SEC (Securities and Exchange Commission) que regula y vigila el mercado de valores y la CFTC (Commodities Futures Trading Commission), que regula y vigila el mercado de materias primas o commodities. El grupo está presidido por David Sacks, experto en el tema y exdirector de operaciones de PayPal —empresa que cofundó junto a Elon Musk, entre otros— y fundador de Yammer, adquirida luego por Microsoft por 1.200 millones de dólares.
En marzo, Trump fue aún más allá: firmó una nueva orden ejecutiva que establece una Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva Nacional de Activos Digitales, ambas bajo control del Departamento del Tesoro. El mensaje es inequívoco: Estados Unidos aspira a convertirse en el centro global de las criptomonedas y los activos digitales. Dada la magnitud de su economía, esta decisión tendrá profundas implicaciones a nivel mundial.
Frente a este escenario, América Latina debe considerar con seriedad —y con información técnica y estratégica— la posibilidad de adoptar modelos similares. Mientras la economía digital avanza aceleradamente en Asia y América del Norte, la región sigue debatiendo si debe regular o restringir el uso de criptomonedas. Sin embargo, el respaldo de una potencia como Estados Unidos debería inclinar la balanza hacia una adopción inteligente, que bien diseñada puede traer beneficios significativos.
Uno de esos beneficios es la inclusión financiera. Millones de personas en América Latina no tienen acceso al sistema bancario, pero sí a un teléfono móvil. Las criptomonedas y las plataformas basadas en Web-3 pueden facilitar el acceso a servicios financieros en zonas rurales y entre poblaciones históricamente excluidas.
Otro beneficio claro es la reducción de los costos en el envío de remesas mediante el uso de blockchain. Este no es un tema menor: según un reporte reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2024 América Latina y el Caribe recibieron más de 161.000 millones de dólares en remesas. De mantenerse el proyecto presupuestal propuesto por la actual Administración estadounidense, muchos extranjeros podrían enfrentar un impuesto del 1% al 5% por cada transferencia al exterior, lo que hace aún más relevante la adopción de tecnologías que reduzcan costos y aumenten eficiencia.
La economía digital también abre la puerta a nuevas formas de inversión. La tokenización de activos —como tierras, cultivos, energía o infraestructura— ya comienza a implementarse en países del Cono Sur, y puede permitir a pequeños productores acceder a capital global sin necesidad de intermediarios bancarios tradicionales.
En materia de gobernanza digital y trazabilidad, blockchain ofrece ventajas importantes en áreas como licitaciones públicas, entrega de subsidios, cadenas de suministro agrícolas e incluso en registros de propiedad. La transparencia y eficiencia que permite esta tecnología puede ser clave para mejorar la confianza ciudadana en las instituciones.
Sin embargo, junto a sus ventajas, estas tecnologías también conllevan riesgos que hay que reconocer y prevenir. Uno de los más relevantes es su posible uso en actividades ilícitas, como el lavado de activos, el fraude comercial o la suplantación de identidad mediante “bots”. Esto hace indispensable contar con marcos regulatorios claros que fomenten la innovación sin poner en riesgo la estabilidad financiera ni facilitar delitos. Asimismo, se requiere promover el desarrollo e implementación de mecanismos de control, muchos de los cuales ya están siendo desarrollados por empresas a nivel global.
Lo mismo sucede con la protección de datos personales y la privacidad personal, que también son fundamentales para prevenir filtraciones de información o el uso indebido de perfiles falsos para cometer fraudes o incluso interferencias de tipo político.
El giro del Gobierno estadounidense hacia una economía basada en activos digitales no debe verse como un fenómeno aislado de Silicon Valley o Wall Street. Es una oportunidad económica y geopolítica para América Latina, que puede ayudar a reducir su brecha socioeconómica. Eso sí, requerirá inversiones sustanciales en conectividad, formación técnica y acceso a tecnologías.
La región tiene dos caminos: quedarse al margen o actuar. Si elige lo segundo, con visión estratégica, coordinación regional y un enfoque ético, no solo podrá acelerar su modernización económica, sino que también podrá garantizar que la próxima revolución digital sea una revolución verdaderamente inclusiva.
