El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Uruguay, Brasil, Cuba, Colombia, Rusia e Irán. La medida fue confirmada por el Departamento de Estado y comenzará a regir el 21 de enero, por tiempo indefinido.
Según explicaron desde la administración estadounidense, la decisión apunta a revisar los procedimientos de verificación de los solicitantes y a evitar el ingreso de personas que puedan depender de programas de asistencia social.
Qué países están alcanzados por la medida
De acuerdo con un listado difundido por la cadena Fox News, entre los países de América Latina y el Caribe afectados figuran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La suspensión también incluye naciones de África, Medio Oriente, Europa del Este y Asia, como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
Desde el Departamento de Estado aclararon que la pausa se mantendrá mientras se analizan los niveles de uso de prestaciones sociales por parte de solicitantes de residencia permanente.
Qué tipo de visas se suspenden
La medida afecta exclusivamente a las visas de inmigrante, que permiten obtener la residencia permanente en Estados Unidos. En cambio, las visas de no inmigrante —como turismo, estudios o trabajos temporales— no están incluidas en la suspensión.
En ese marco, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, recordó que desde noviembre los consulados tienen instrucciones de rechazar solicitudes cuando consideren que el solicitante podría convertirse en una “carga pública”.
Contexto y cifras del endurecimiento migratorio
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, el gobierno estadounidense informó que ya fueron revocadas más de 100.000 visas, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional señaló que más de 605.000 personas fueron deportadas y otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria.
La decisión se inscribe en una política migratoria más restrictiva, que vuelve a colocar el foco en el control de la inmigración y el acceso a beneficios públicos.
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