Bloomberg Línea — El plan del presidente Trump de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento a los hijos de los inmigrantes indocumentados y de los migrantes con visados temporales rompería con una larga tradición del modelo ius soli (o derecho de suelo) en América y generaría efectos económicos en toda la región.
Este derecho significa que una persona obtiene la nacionalidad de un país por el hecho de haber nacido en él.
La migración a economías ricas del planeta ha generado beneficios tangibles en crecimiento económico y productividad para los países de acogida, pero las políticas del mandatario estadounidense, Donald Trump, cuestionan la efectividad de estos aportes y podrían marcar un mal precedente para los mercados de más altos ingresos en América Latina, que adoptarían medidas proteccionistas, según analistas.
“Eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos sería una medida jurídicamente muy difícil de implementar y con consecuencias sociales profundas”, dijo Jaime Sánchez el especialista en asuntos migratorios y CEO de la firma Interlink FBC a Bloomberg Línea.
La ciudadanía automática está protegida por la Constitución estadounidense en la 14.ª Enmienda y, por tanto, cambiarla requeriría una reforma que se considera extremadamente compleja de materializar.
Las leyes de ciudadanía en los países de América.El mapa muestra cómo se adoptan en la actualidad las leyes de ciudadanía en los países de América, según el FMI.(Bloomberg Línea/FMI)
De acuerdo a un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), en las economías avanzadas, un aumento del 1% en la proporción de inmigrantes dentro del empleo total genera un crecimiento cercano al 1% en el PIB después de cinco años. Se estima que en EE.UU. hay unos 62,5 millones de latinos y que en conjunto representan un 18% de la fuerza laboral.
En caso de que se materialicen las amenazas de Trump, se anticipan consecuencias para las familias latinoamericanas en varias vías.
De un lado, según Jaime Sánchez, miles de niños nacidos en EE.UU. quedarían sin estatus migratorio, muchos de los cuales podrían quedar apátridas, lo que “rompería con una tradición de integración que ha definido al país durante generaciones”.
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Además, sería una “medida altamente polarizante y regresiva, que no resolvería los desafíos migratorios, pero sí generaría exclusión y desigualdad a gran escala. Aunque el discurso de Trump tiene eco en algunos sectores, desde el punto de vista legal y social, eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento sería un error profundo y de alto costo para el país”.
De hecho, países como Argentina, Brasil o México podrían ver un aumento en solicitudes de nacionalidad de hijos de migrantes nacidos en EE.UU., que no califican para ser estadounidenses, al mismo tiempo que podría marcar un precedente para que otros mercados sigan el mismo camino de prohibición.
Y aunque en Latinoamérica el derecho ius soli, John Sánchez, abogado experto en migración y CEO de la firma Migration and business, anticipa que “nunca falta algún gobierno que quiera seguir el ejemplo”.
Dificultades para implementar la medida
Trump ya sufrió un primer revés a finales de enero cuando un juez federal bloqueó temporalmente la orden legislativa al considerarla inconstitucional.
En febrero, una jueza también paralizó a nivel nacional la orden de Trump, justificando que la medida viola la Enmienda 14 de la Constitución y “causaría un daño irreparable” al país.
Trump ya pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante parcialmente las órdenes judiciales que bloquean el decreto.
Las medidas que Trump pretende implementar podrían privar de nacionalidad a unos 150.000 recién nacidos al año, de acuerdo a cifras del Partido Demócrata.
No obstante, una encuesta de Emerson College, divulgada en enero, concluyó que un 45% de los consultados en el país respalda cambiar la ley de ciudadanía por derecho de nacimiento para que a los hijos de inmigrantes indocumentados no se les conceda automáticamente.
“Muchos inmigrantes tenían la tranquilidad de que, si sus hijos nacían en EE.UU., automáticamente serían ciudadanos”, dijo Sánchez. “Si eso cambia, muchos reconsiderarían sus planes y buscarían otros países con leyes más abiertas”.
Según el abogado, esta acción podría traer problemas para EE.UU. debido a los tratados que garantizan la nacionalidad como derecho fundamental, generando la presión de organismos de derechos humanos internacionales.
Además, intentar hacerlo por orden ejecutiva o legislación ordinaria enfrentaría demandas inmediatas y, muy probablemente, sería declarado inconstitucional por los tribunales.
Cómo aplica la ciudadanía por nacimiento en Latinoamérica
Promesas de Trump sobre ciudadanía preocupan a trabajadores con visa H-1B que esperan bebés.Mujeres y sus hijos en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en McAllen, Texas.(Photographer: Spencer Platt/Gett/Spencer Platt)
En Latinoamérica, el modelo ius soli predomina en la mayoría de los países, aunque con ciertas variaciones. Por ejemplo, en Brasil y Argentina cualquiera que nazca ahí es ciudadano y sólo los hijos de diplomáticos quedan fuera, según Migration and Bussiness.
El abogado John Sánchez señala que también hay otro esquema conocido como el ius sanguinis, “que funciona más como un club exclusivo para los hijos de ciudadanos que nacen en el extranjero. No es automático en todos lados, pero permite que un hijo de argentinos, colombianos o mexicanos, nacido en otro país, pueda reclamar la nacionalidad de sus padres con unos trámites”.
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En Perú también funciona como Brasil y Argentina. Y los hijos de peruanos nacidos en el extranjero pueden reclamar la nacionalidad, pero deben registrarse en el Consulado.
En Chile, si los padres de un bebé son extranjeros y se encuentran en el país sólo de paso (como turistas o transeúntes), el niño no obtiene automáticamente la nacionalidad chilena. En estos casos, es necesario realizar un trámite para adquirirla.
En México, toda persona nacida en el país obtiene la nacionalidad por derecho. Además, si un bebé nace en el extranjero, pero sus padres son mexicanos, puede obtener la nacionalidad mediante un trámite en el consulado.
Ya en el caso de Colombia, si los padres son extranjeros y el bebé nació en el país, sólo será colombiano si al menos uno de ellos tiene residencia legal.
Para los hijos de colombianos nacidos fuera, sí hay opción de nacionalidad, pero con ciertos trámites.
En el mundo, existen una serie de tratados que buscan evitar que la gente termine sin patria por tecnicismos legales. “Estos tratados ayudan a que los países no inventen reglas locas que dejen a la gente en el limbo legal”, dice Sánchez, de Migration and bussiness.
Entre estos se refiere a:
| Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969). | Básicamente, dice que todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad y que ningún país debería andar dejando gente sin ella. |
| Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954). | Si un país le niega la nacionalidad a alguien, esta Convención obliga a que se le proteja de alguna forma. |
| Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961). | “Busca que ningún país se pase de listo negándole la nacionalidad a alguien que no tiene otra opción”, señala el abogado de Migration and bussiness. |
| Acuerdos del Mercosur. | No es tanto sobre nacionalidad, pero facilita la naturalización y la residencia de ciudadanos de países miembros. |
